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Abuso sexual y violencia institucional en cuarentena: “No quisiera que otra chica pase por lo que yo pasé”

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Por Rosario Rousseaux
Delfina Antonella Díaz estaba con unas amigas en la vereda de su casa en la ciudad de Libertador en Jujuy, cuando la policía intervino tirando y pateando sillas, para hacer respetar el aislamiento social preventivo y obligatorio frente a la pandemia. “Salgo a levantar las sillas, viene un policía y me agarra del cuello y me mete a la camioneta. Me esposaron y mientras yo hablaba una femenina vino y me pegó en la cara”, cuenta Delfina. Pero lo peor estaba por venir. Luego de llevarla detenida hasta un descampado de la zona le dijeron que se bajara el pantalón: “Me dijeron que por puto. Que me iban a hacer macho. Me hice la que convulsionaba porque no aguantaba más lo que me hacían”.
A pesar de las amenazas de muerte que recibió Delfina, una joven trans de 19 años, decidió iniciar una causa contra la policía provincial de Jujuy. Andhes y el Movimiento Ailén Chambi (FALGBT) denunciaron ante el Ministerio de Seguridad de la provincia el brutal ataque físico y sexual que ocurrió el 16 de abril. Los policías atacantes llevaron a Delfina a la guardia cuando vieron sus convulsiones. El personal médico ignoró sus pedidos de ayuda y luego de ser desacreditada por los efectivos policiales fue llevada a la Comisaría 39. “Sube un policía me agarra del cuello y me dijo que si yo llegaba a hablar o decía lo que paso me iban a matar” cuenta la joven de 19 años.
La violencia correctiva es una de las formas más brutales de violencia en contra de las mujeres trans, travestis, y representa una cuestión histórica y cotidiana que las atraviesa y que habitualmente es invisibilizada, colocándolas como víctimas de la discriminación y estigmatización estructural, como explica la organización de Derechos Humanos Andhes en su comunicado. La violencia no termina en el calvario de esa noche que pasó detenida, sin que su familia pudiera encontrarla, sino que se prolonga al momento de hacer la denuncia: todas las citaciones y las actuaciones se hicieron con su nombre masculino.
Malka Menestar, una de las abogadas de la causa, explica: “Desde el que se presentó la denuncia todas las actuaciones se hicieron sin respetar su identidad de género. Delfina todavía no ha hecho el cambio registral en su DNI sin embargo nuestra ley de identidad de género en su artículo 12 específicamente habla del trato digno. Independientemente de que la persona haya o no haya hecho el cambio registral es una obligación que se respete su identidad de género autopercibida.”
Uno de los principales reclamos ANDHES y el Movimiento Ailén Chambi es la agilización de las actuaciones de la imputación ya que la causa aún figura como denuncia recaratular la causa con su identidad de género autopercibido. “El fiscal general del Ministerio Público de Jujuy sacó una instrucción donde le hace este lineamiento a todo el personal del Ministerio Público. Lo primero que establece es que se va a tener que respetar la identidad de género autopercibida tanto de las personas que trabajen dentro del Ministerio como de aquellas personas ajenas”, explica Malka Menestar. El lineamiento también establece que el jefe de policía debe bajar esta medida a todo su personal.
La reparación que exigen para la joven trans, como explica la abogada, es de tipo integral. Los organismos que acompañan la causa reclaman que no se proteja a los policías y se los investigue correctamente. “Lo que sí nos parece grave señalar es que a Delfina se la ha notificado por un delito de resistencia a la autoridad, pero no han habido imputaciones para el otro lado. Esto es frecuente cuando hay una persona trans implicada en una situación de este tipo”, explica la defensora. Su identidad de género constituye una causal de descrédito. Por el contrario, cuando una persona trans es denunciada su identidad de género constituye una causal de agravante. “Muchas veces esto se torna en una criminalización, se los asocia con el narcotráfico o prostitución y esto hace que se sume este cúmulo de violencia. Nos preocupa mucho que no se le crea a Delfina”, agrega Menestar.
Los informes de organismos de Derechos Humanos que se ocupan de estos casos, como el realizado por Otrans en 2019, arrojan datos sobre la violencia institucional hacia el colectivo. El 82% de las personas travestis y trans entrevistadas para el informe no tenía antecedentes y se encontraban detenidas penalmente por primera vez. Entre quienes sí habían estado presas, menos de la mitad había recibido una condena. En el ámbito federal la situación se parece: más del 50% nunca antes habían sido encarceladas ni habían cometido ningún delito. Para el avance de la causa de Delfina es importante el rol que podrían jugar otro tipo de pruebas, como las pericias psicológicas, para superar el velo de descrédito por su identidad de género. La violencia correctiva es una de las formas más brutales de violencia en contra de las mujeres trans, travestis que sin embargo suele ser invisibilizada.