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Neoliberalismo y derecho social

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Por Juan J. Paz y Miño Cepeda / Firmas Selectas de Prensa Latina

Su modelo es muy simple: no al Estado, no a los impuestos, si a la flexibilidad laboral. Y las medidas concretas son variadas: achicar el tamaño del Estado, reducir el gasto público, privatizar bienes y servicios estatales; además, reducir o suprimir impuestos directos (como el de rentas), reestructurar deudas por evasión y elusión fiscal; y, finalmente, reformar las relaciones laborales para que dependan más de la negociación directa entre empleados y patronos, abolir el principio pro-operario, flexibilizar derechos históricos (jornada máxima, salarios mínimos, afiliación obligatoria a la seguridad social, pago de horas extras, sindicalización, huelga, etc.), suprimir el pago de “costosas” indemnizaciones por despido, etc. Recuérdese que el Consenso de Washington de la década de 1990 redujo las consignas neoliberales a 10 medidas que debían aplicarse en cualquier parte del mundo.

Se supone que tales consignas cumplen un rol histórico trascendental: promover y garantizar la “libre” empresa y el “libre” mercado. El empresario aparece como un inversionista que genera trabajo y que hace un altruista esfuerzo con el solo hecho de pagar salarios. Es un ser que se ve acosado y hasta estrangulado con roles, impuestos, controles y trámites. Considera que las ganancias empresariales son fruto de su esfuerzo y su propio trabajo, y que el Estado ejerce una labor confiscatoria el momento en que interviene para “apropiarse” de fondos privados por simples necesidades políticas de los gobiernos. A partir de la microeconomía se trata de entender la macroeconomía, y por ello se llega a considerar que “administrar” el Estado es casi lo mismo que administrar una empresa, y que, por tanto, los malos administradores (gobiernos) no saben manejar cuentas, flujos ni inversiones.

Las consignas neoliberales representan más la visión del pasado que la visión del futuro. En América Latina, todo el siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX, similares principios sobre la libertad económica, no lograron el adelanto, la modernización, ni el progreso de la región. Ha sido necesaria la intervención del Estado, la imposición del derecho social, las reformas estructurales para superar las herencias del régimen oligárquico, y hasta la incursión del capital extranjero, para que América Latina encontrara adelanto y afirmara su desarrollo capitalista.

El neoliberalismo ha despreciado esa historia. Y ha despreciado también la historia social y laboral de la región, porque antes del siglo XX no existieron códigos del trabajo, las relaciones entre patronos y trabajadores se sujetaron a los códigos civiles y al abuso de los empleadores. A partir de la Constitución Mexicana de 1917 comenzó el derecho social. Con él se impuso el principio pro-operario, bajo el cual se fijaron salarios mínimos, jornadas máximas, contratos individuales, indemnizaciones, sindicalismo, derecho a la huelga y a los contratos colectivos, así como otras regulaciones destinadas a proteger estatalmente a los trabajadores, ya que en manos exclusivamente privadas sus condiciones humanas siempre fueron precarias y explotadas.

El sentido de los impuestos directos y redistributivos de la riqueza, también acompañó al progreso del derecho social, porque los Estados requerían de fuertes ingresos tributarios para sostener las políticas de fortalecimiento y ampliación de esenciales servicios públicos como educación, salud, medicina y seguridad social, que tampoco fueron montados por la iniciativa privada, exceptuando ciertas acciones de asistencia social y esto en contados países.

La ideología neoliberal impide comprender que los impuestos directos para la redistribución de la riqueza son esenciales en América Latina y han venido ajustándose entre saltos y brincos durante el siglo XX. La elusión y la evasión han sido las prácticas normales del sector privado contra la acción social pública.

Igualmente, las regulaciones sobre el trabajo han sido necesarias porque el afán de lucro capitalista es el que mueve a los empresarios, que no han sido precisamente los gestores de derechos laborales, sino que, en ausencia de las garantías laborales, someterían a sus trabajadores a relaciones comparables con la esclavitud. Las burlas a la legislación social y laboral ocurren a pesar de esas mismas leyes.

Ante el neoliberalismo se plantea, por tanto, un nuevo desafío teórico: es necesario avanzar en la idea del derecho social como superior, a fin de que sujete las consignas neoliberales al bien supremo del ser humano como eje de toda construcción económica.

Esto significa que los principios del libre mercado a los que ya he aludido pertenecen a una esfera de la economía: el sector privado; pero no pertenecen a la macro esfera de los seres humanos del sistema social en el que viven. Es necesario recuperar el carácter superior de la esfera social sobre la esfera privada.

En consecuencia, a través de imponer los derechos sociales superiores, es posible tratar al sector privado como una esfera subordinada al interés social y público. Es posible pensar en el fortalecimiento y ampliación de los impuestos directos no solo sobre las rentas, sino sobre patrimonios, ganancias y herencias, porque así lo demanda el interés superior del bienestar colectivo. Además, porque la riqueza empresarial no se genera por la acción individual de los gerentes-propietarios, sino por el valor socialmente generado por los   trabajadores. Es posible imponer el respeto a las normas laborales e incluso la mejora de los derechos del trabajo, porque así lo exige el interés humano superior del buen vivir.

Desde luego, como la misma experiencia histórica latinoamericana lo ha demostrado, la imposición de los derechos sociales superiores sobre los simples intereses de los sectores privados, requiere de un cambio en las condiciones del poder. No es posible la edificación de modelos económicos sociales con gobiernos conservadores, sujetos a la visión empresarial neoliberal. Sí es posible con gobiernos que puedan asumir la nueva orientación de la gestión pública en la perspectiva de la construcción de una nueva sociedad.