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El colapso de la política tarifaria de Macri y Vidal

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A pesar de los impresionantes tarifazos que viene sufriendo la población desde que Cambiemos administra el Estado, el estado y la calidad de los servicios públicos no hacen más que empeorar. El apagón que están sufriendo miles de trabajadores en el norte platense, es sintomático de la política tarifaria del gobierno: saqueo organizado de los recursos y cero inversiones para mejorar los servicios. Las consecuencias están a la vista.

 

Por Nuestra Propuesta

El apagón sin respuestas que están sufriendo los trabajadores platenses desde hace casi una semana y los aumentos diferidos por el gobierno en la boleta de gas hasta después de las elecciones resultan a esta altura sintomáticas de la política tarifaria del gobierno nacional.

Desde los primeros tarifazos a comienzos de 2016, en las notas de este diario venimos alertando que el nuevo esquema de tarifas que se quiere imponer en el país obedece a un rediseño de la estructura económica basado en el saqueo de la riqueza y el ajuste para favorecer a los grupos económicos.

A través de una resolución de la Secretaría de Energía de la Nación publicada esta semana en el Boletín Oficial el gobierno aplazó la tercera parte del aumento en la tarifa de gas, que debía concretarse en junio, con el objetivo de que el mismo tenga impacto recién en diciembre, es decir, una vez finalizado el proceso electoral.

Recordemos que Energía había dispuesto que el aumento de gas se aplicaría en tres cuotas, a saber: un primer incremento de 10 por ciento en abril, otro de 9,1 por ciento en mayo (ambos concretados) y un tercero de 7,5 por ciento en junio, que debía pagarse en julio. De este modo, en términos acumulados el incremento alcanzaba el 29 por ciento.

Sin embargo, pese a la resolución electoralista del gobierno, asociaciones de consumidores denunciaron que más allá del aplazamiento, los usuarios deberán afrontar hasta un 60 por ciento de aumento, debido a los diferentes ajustes que las empresas vienen realizando.

Desde que Mauricio Macri llego al gobierno, el gas aumento casi un 3.000 por ciento, cifra irrisoria por donde se lo mire y que solo puede comprenderse a partir de las relaciones estrechas que los empresarios del sector tienen con los funcionarios del gabinete y hasta con el propio presidente. Basta recordar la figura de Juan José Aranguren, ex Ceo de Shell y accionista de la empresa de origen holandés, que fue Ministros de Energía y Minería durante los primeros años de gobierno y el ejecutor del rediseño tarifario que el macrismo implementó –y continúa implementando ahora a través del Secretario Lopetegui– como parte de una política integral de transferencia de recursos desde el trabajo hacia el capital.

Según el Observatorio de Tarifas de la Energía de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (ODE-Umet), en lo que va de la gestión Cambiemos las tarifas sufrieron un incremento total del 170 por ciento en dólares, producto del combo generado por la dolarización de las tarifas y la liberalización del mercado cambiario. Así las cosas, un usuario residencial promedio destina alrededor de 8.700 pesos por año al pago de las facturas por los servicios energéticos, mientras que usuarios de categorías más altas llegan a abonar hasta 30 mil pesos anuales. Siempre hablando de usuarios residenciales.

Por su parte, un informe de este mismo Observatorio reveló que en lo que refiere a tarifas de gas, las categorías más bajas fueron las más perjudicadas por la política tarifaria del gobierno. Esta constatación no hace más que confirmar los objetivos del rediseño tarifario ejecutado por el macrismo. Según detalla el ODE, “el sendero fijado de aumentos sucesivos en dólares no se correspondía con la capacidad de pago de la población ni con los costos reales de producción, por lo que se trataba de una exacción injustificada a los usuarios”, por lo que “las categorías más bajas son las más perjudicadas”.

En tanto, el último informa publicado por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (octubre 2018), destacaba que “el proceso de ‘recomposición’ del precio de los servicios públicos puesto en marcha desde 2016 fue el más abrupto de la historia argentina, por su magnitud y velocidad de ejecución”. En gran medida, esto fue posible gracias a que “se migró a un esquema de liberalización tarifaria, y convergencia acelerada a precios de mercado”. De esta manera, el informe confirmaba que “el nuevo esquema redundó en una notable transferencia de recursos”. El objetivo del gobierno comenzaba a cumplirse.

 

El apagón en La Palta, un caso paradigmático

El apagón devenido en crisis social que desde hace casi una semana afecta a la zona norte de La Plata constituye, lamentablemente para los usuarios afectados, la constatación del saqueo organizado y ejecutado por el macrismo –es decir, Macri y Vidal– a través de la política tarifaria. Las ganancias siderales obtenidas por las empresas distribuidoras de energía, en este caso eléctrica, no fueron invertidas para mejorar y ampliar el servicio sino que, por el contrario, estuvieron destinadas a la timba financiera y la fuga de capitales.

Un informe del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) pese a los aumentos en el sector, en la era Macri los cortes de luz subieron un 59 por ciento. El informe no contabiliza el apagón regional de la semana pasada ni los cortes platenses, por lo que el número podría aumentar drásticamente.

Con el apagón comenzando a resolverse parcialmente, la gobernadora Vidal no se apersonó para acompañar a los vecinos como otrora hiciera en la campaña del 2015 con las inundaciones. Lejos de ello, en un gesto cómplice con Edelap –que es la empresa que presta el servicio de distribución en la capital bonaerense– anunció que los afectados no pagarán la factura correspondiente al mes de junio y prometió “sanciones” y hasta la quita de la concesión que opera Rogelio Pagano. ¿Por qué se trata de un gesto cómplice de la gobernadora? Por qué en lo que va del año, Vidal no sólo habilitó un aumento del 60 por ciento en el precio de la tarifa, sino que además, fue la promotora para que Pagano se hiciera del control de la empresa que opera los servicios de Eden, Edea, Edes y Edelap.

La gobernadora permitió que la posición de Pagano sea inédita, ya que le permitió monopolizar la distribución de la energía eléctrica en la provincia, violando el marco regulatorio vigente. De esta manera, Pagano tiene bajo control toda la provincia de Buenos Aires menos el conurbano bonaerense que, ¡oh casualidad! se lo reparten entre Edenor -Mindlin-Lewis- y Caputo -Edesur-.

Vale recordar que Pagano usó como trampolín para desembarcar en la provincia de Buenos Aires a Pampa Energía y Edenor. De esta manera, Pagano siguió el mismo camino que Marcelo Mindlin, uno de los empresarios favoritos en la Rosada. Este fundó un verdadero imperio económico gracias a los tarifazos que aprobó Aranguren en el sector energético. Con las ganancias compró Iecsa, la constructora de Ángelo Calcaterra, primo del presidente y señalado como uno de los testaferros de la familia Macri y de Mauricio.

Pagano edificó su imperio de la mano de Vidal y a fuerza de tarifazos. En 2016 logró imponer aumentos que fueron desde el 100 hasta el 215 por ciento. En 2017, se le permitió un nuevo incremento de 125 por ciento más un adicional de 10 puntos porque, supuestamente, el grupo cumplió con un plan de inversiones de casi 600 millones de pesos. En el primer trimestre del 2018 el precio de la energía había aumentado un 32 por ciento. Y ahora, en el 2019, aplicó incrementos de hasta 60 puntos sobre los usuarios bonaerenses.

A todas luces, los anuncios de Vidal no son otra cosa más que una sobreactuación. Vidal es la garante, hasta el momento, de las ganancias siderales de Pagano a costas de los usuarios bonaerenses. Por ejemplo, en apenas nueve meses del 2018, Edelap y Pagano obtuvieron ganancias por más de 1.200 millones de pesos, según consta en el propio balance de la empresa.

Las pruebas de los vínculos son contundentes; empero, la relación de complicidad es aun más obscena. Sucede que el funcionario encargado de controlar por parte del Estado el sector eléctrico en la provincia de Buenos Aires es Edgardo Volosin, actual Director de Servicios Públicos Bonaerense y director de Edenor hasta diciembre de 2015.

Estado y corporaciones

Con la llegada del macrismo a la Casa Rosada el sector privado es el que marca el rumbo de la economía. El retiro del Estado en las decisiones económicas ha sido total y la desregulación es moneda corriente. El sometimiento de la estructura económica argentina a lógica del mercado es operado en la actualidad desde el Estado al cual la ceocracia le imprime y consolida un perfil liberal burgués que se contrapone, fuertemente, a los rasgos keynesianos e intervencionistas ensayados por el kirchnerismo en el período 2003-2015.

Este paradigma que se extiende a todas las dimensiones de la economía nacional tuvo su ensayo en los aumentos de tarifas y desde allí es una constante. Es un modelo que se profundiza día a día y que tiene como máximos paradigmas la libre flotación del dólar, la liberalización del precio de los combustibles y las tarifas de los servicios públicos.

Que esto sea así es una cuestión de política económica y de clase. Basta con desentrañar la composición social del gabinete económico para entender que son los propios funcionarios los que tienen intereses en que el aumento de las tarifas sea permanente. Las relaciones de Macri y Vidal, por ejemplo, con los empresarios del sector están públicamente expuestas a esta altura.

El caso más emblemático es el del Ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien llegó a la cartera nacional por ser el CEO de Shell en Argentina. También cuentan las amistades. Marcelo Minlind y Joe Lewis, accionistas de Pampa Energía y Edenor son amigos personales del presidente, como también lo es Nicolás Caputo, dueño de Edesur. A su vez Rogelio Pagano, un financista con carrera en Edenor y Pampa Energía, es amigo de estos últimos y gracias a Vidal está consolidando su propio imperio.

Una vez más, lo que queda al descubierto es la fuerte relación simbiótica entre Estado y grupos económicos del que es testigo nuestro país como nunca en su historia.