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La salud está en deuda

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Cumpliendo con las recomendaciones del FMI, el gobierno nacional destina la mitad de lo que paga en intereses de deuda al presupuesto de Salud. La orientación de recursos es coherente con la decisión de implementar el CUS y destruir la salud pública

Por Nuestra Propuesta

El Estado en su fase neoliberal privilegia la política de endeudamiento y deja desamparados a millones de personas en un área tan sensible como el de la salud.

La afirmación no es caprichosa: según se desprende del Presupuesto 2018, diseñado por el ejecutivo y aprobado por el Legislativo, la administración Cambiemos destinará al pago de intereses y servicio de deuda un total de cuatrocientos mil millones de pesos, el doble de la totalidad de los fondos que el Estado invertirá en salud para el mismo año.

“Es una decisión de política económica que no sorprende dado el perfil neoliberal del gobierno”, enfatizó el médico sanitarista del Partido Comunista Néstor Lucatelli, y añadió que “es una medida coherente con la implementación del CUS y la destrucción de la salud pública”.

El análisis de Lucatelli se condice con la realidad que atraviesa en la actualidad el sistema sanitario nacional. Esto es algo que se deja ver rápidamente en la crítica situación del Posadas -donde despidieron a 122 trabajadores-, en la falta de vacunas para fiebre amarilla y de medicamentos para el tratamiento de HIV.

Estos son sólo algunos de los ejemplos que por distintos motivos trascendieron públicamente en los últimos días. Pero desde la llegada del macrismo la situación es calamitosa en todo el sector público en general y de esta realidad no escapan los hospitales públicos, centros de atención primaria, etc.

Como si esto no fuera poco, el gobierno desfinancio el Acumar, eliminó el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (Pisa) y el incremento en los precios de los medicamentos se ubicó un ochenta por ciento promedio para el período 2016-2017 -14 puntos por encima de la inflación del período.

En este contexto adquiere sentido el CUS, la iniciativa macrista para destruir la salud pública. Una vez más la lógica es la misma: el Estado desfinancia y vacía áreas y políticas públicas para después justificar reformas en el sector, con la inercia repetitiva de retirar al Estado y entregar el negocio a los privados.

En Salud un claro ejemplo es la política implementada por la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. En 2017, la mandataria bonaerense se ufanó de “ahorrase” 18 mil millones de pesos del presupuesto sanitario. Se trata de la parte del presupuesto que destina dinero a la construcción de nuevos hospitales y centros de atención.

Así las cosas, y ganándose el premio de mejor alumna del gobierno nacional en materia de ajuste, de los treinta mil millones de pesos con los que contaba para nuevas obras, apenas uso doce mil.

El “ahorro” motivó un pedido de informe de los diputados provinciales en la legislatura bonaerense que Vidal desoyó. Además, en el Hospital de Lanús, por ejemplo, culminaron el 2017 con la mitad de los tratamientos interrumpidos porque la provincia no entregaba medicaciones.

Los recortes realizados en Nación y provincia es una consecuencia de las recomendaciones realizadas por la misión del FMI, el cual, mediante el reporte 16/346, afirmó que “el gasto de salud pública en Argentina ascendió al 32 por ciento del gasto público total (…) lo que sugiere que puede haber espacio para optimizaciones”.

Lo que el Fondo Monetario entiende como “optimizaciones” los cuerpos de los bonaerenses lo pagan con salud. En otros términos, para cumplir con las metas fiscales del organismo multilateral, la administración Cambiemos sacrifica la vida de los trabajadores.

Es una ecuación que a la derecha siempre le cerró.

Situación crítica

“El deterioro de la salud pública es general y es un fenómeno que viene ocurriendo desde que asumió el macrismo”, explicó Lucatelli y aclaró que “lo que ahora se percibe en la provincia y en todo el país es una situación que ya conocemos desde hace casi una década en la Ciudad de Buenos Aires”.

Esta realidad permite deducir que “no hay coincidencias, se trata de un modelo de gestión sanitaria excluyente y privatista que ahora se exporta a todo el territorio nacional”.

Lo que sucede en la actualidad, según el sanitarista, “es un achique de personal, de recursos, de insumos y de capacitaciones para destinar los fondos que antes se invertían en estas áreas a otras prioridades”.

El especialista recordó que en diciembre se realizó una jornada en el Hospital Ramos Mejía donde uno de los tópicos de discusión fue «El hospital que queremos». En esta mesa se habló sobre que lo que es el hospital: una institución de complejidad, un hospital escuela, de excelencia, para profesionales, enfermeros, etc.

A pesar de ello y desoyendo a los trabajadores, el Ministerio de Salud resolvió bajar la categoría del Ramos Mejía de «agudo» a «general».

“Esta decisión atenta contra una larga tradición de los hospitales de agudos de la Ciudad y el país, que formaron a los mejores profesionales en vastas disciplinas, que mejoraron el conocimiento médico y trataron a millones de pacientes de forma gratuita”, analizó y enfatizó que “una de las explicaciones, miserables, es que se le baja la categoría para reducir los recursos que se van a destinar”.

Estas políticas lesionan gravemente décadas de trabajo que hicieron a la salud pública argentina un ejemplo en la región y en el mundo. “Contrario a esta tradición nacional, el gobierno avanza también para impedir que en los hospitales de la Ciudad se puedan atender ciudadanos de países limítrofes o habitantes del conurbano”, contó.

Todo este vaciamiento que sufre la salud pública en la Ciudad, la provincia y el país es coherente con la intención del gobierno nacional de instalar la Cobertura Universal de Salud (CUS), una sigla que es un eufemismo para avanzar sobre la salud pública y proceder con la privatización de las prácticas médicas, la entrega de medicamentos y la atención primaria.

“El modelo que copia el CUS es similar al que ya funciona en Chile y Colombia donde el acceso a la salud no es universal y la mayoría de las atenciones, hasta las más mínimas, se encuentran aranceladas”, refirió.

Como ya adelantamos durante toda la segunda parte del 2017 en las notas de este diario, el CUS es el verdadero objetivo del macrismo para hacer negocios con la salud.

Situación socioambiental

Toda la salud ambiental y la atención primaria se verán fuertemente lesionadas con el CUS. “Cambiemos desde que llegó a la Rosada asumió una política de desfinanciamiento sobre políticas públicas de prevención y abordaje de problemas socioambientales”, puntualizó Lucatelli.

No hay que enfatizar demasiado en la idea de que en el contexto de una crisis económica y social la situación socio-sanitaria y ambiental se agrava. Ante ello el Estado puede hacer dos cosas: ocuparse y abordar la problemática o dejar a los ciudadanos a la deriva, expuestos a focos infecciosos, condiciones de vida inhumana, etc.

En este sentido el caso de Cambiemos es paradigmático, por qué existe una retroalimentación entre causa y consecuencia en el ámbito socioambiental y de salud pública.

Es la propia política económica del gobierno la que genera la crisis social que agrava el escenario socioambiental y sanitario del país y este, a su vez, hace que los hospitales y los centros de atención primaria desborden de personas que acuden allí, que antes tenían obra social pero que ahora no porque los jefes y jefas de familia fueron despedidos, etc.

Y, como si fuera poco, los hospitales tienen cada vez menos recursos para trabajar, escasean los insumos y los trabajadores de la sanidad desarrollan sus tareas en condiciones de precarización muy altas.

El combo es letal y es una verdadera bomba de tiempo, como lo es la política de endeudamiento. Con sólo recordar que para este 2018 el presupuesto para deuda duplica al de Salud, basta para entender cuáles son las verdaderas prioridades del gobierno. “Al gobierno no le interesa la atención primaria, como tampoco le interesa la atención primaria ambiental y el saneamiento”, expresó Lucatelli.