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Decreto 52/2018 – «Esto es gravísimo” señaló el secretario adjunto de Suteba-Lomas de Zamora, Emanuel Ríos

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Lo hizo por medio del decreto 52/2018 que también intenta debilitar la capacidad de negociación que los trabajadores de la educación poseen por medio de Ctera.

“Esto es gravísimo”, señaló el secretario adjunto de Suteba-Lomas de Zamora, Emanuel Ríos, al referirse al decreto 52/2018 que se publicó hoy en el Boletín Oficial, por el Gobierno modifica la reglamentación del artículo 10 de la ley 26.075 de Financiamiento Educativo, para derogar el punto que lo obliga a convocar a la Paritaria Nacional Docente (PND), pero también para intentar debilitar la capacidad de negociación que los trabajadores de la educación poseen por medio de Ctera.

Vale recordar que, el año pasado, el ejecutivo no convocó a la PND que durante más de una década, fue la encargada de fijar un piso salarial para los trabajadores de la educación de todo el país. Desde ese piso negociaba cada gremio docente provincial, pero también era tomado como referencia por otros, tanto del sector público como del privado.

Esto cambió en 2017, lo que provocó un rechazo de los gremios docentes encabezados por Ctera que llevaron la lucha, a todo el país, por medio de la Escuela Itinerante.

Y es aquí donde queda claro el verdadero objetivo del decreto 52: intentar destruir los argumentos utilizados para exigir el llamado a la PND y buscar horadar la capacidad de negociación que los trabajadores de la educación tienen por medio de Ctera.

Esto es muy peligroso, pero más aún porque -otra vez- La Rosada modifica una Ley por decreto y lo hace para atacar un artículo referido a un convenio marco sobre salario mínimo, así como condiciones laborales, calendario educativo y carrera docente. Es decir, altera reglas del universo de la educación pública que alcanzan diferentes dimensiones.

El Gobierno argumenta que el tema salarial está saldado desde el acuerdo alcanzado en 2016, donde se fijó que el salario mínimo del sector tiene como piso el veinte por ciento del Salario Mínimo Vital y Móvil.

Este punto aludía, solo, a lo acordado para eso año. El año pasado, el ejecutivo convocó -tarde- al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Ahí, en consonancia con la postura de las patronales, fijó una recomposición de tres cuotas que, recién en julio de 2018, acumularía diez mil pesos.

Es aquí donde se comprende el sentido del otro punto del decreto ¿Se imagina la recomposición salarial que pueden lograr los docentes de Jujuy, Chubut o Santa Cruz con Ctera fuera de circulación y cuando la negociación tiene un piso de dos mil pesos?

De acuerdo al 52/2018 se limita la representación de los trabajadores en un miembro por cada asociación sindical, sin tener en cuenta que el gremio, Ctera, representa a más de 420 mil afiliados en todo el país.

Es que lejos de “igualar” la representación gremial en la mesa de discusión nacional, como argumenta el gobierno, la letra del decreto va en sintonía con el paradigma de la relación entre capital y trabajo que posee el tándem de poder que gobierna desde 2015.

Días atrás, el Gobierno Vidal comenzó a fomentar públicamente la desafiliación de los trabajadores del sistema educativo y este decreto presidencial es coherente con esa decisión.

Lo que subyace, cada vez más cerca de la superficie, es el paradigma de individualización superlativa que fomenta la descolectivización. La pretensión de atomizar a un sector del universo del trabajo que, como el docente, posee volumen y horizontalidad, historia y presente de lucha que lo convierten en un modelo de espacio que prioriza la unidad en la acción, es un paso clave en el camino del “cambio cultual” que intenta imponer el gobierno.

Un cambio en el que la modificación regresiva de la relación entre capital y trabajo debe asentarse en un cuerpo de leyes, que posean suficiente consenso político y social. Y para eso, buena parte de la sociedad debe internalizar que la managementización y el emprendedorismo son mejores herramientas que la tarea colectiva a la hora de enfrentar los ataques del entorno que, desde esa particular perspectiva, no son producto de la lucha de clases.

Emprendedores

“Debemos crear argentinos capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla” aseveró el entonces candidato a senador por Cambiemos, Esteban Bullrich, poco antes de las Paso de 2017. Los dichos de quien acababa de ser ministro de Educación de la Nación, sonaban como instructivo del lugar hacia donde el Gobierno pretende llevar a las relaciones entre los universos del trabajo y el capital, pero también -y sobre todo- a las relaciones sociales.

El concepto intenta imponer la idea de que es preciso aceptar que el Estado regule sólo en favor del capital porque, de acuerdo a este discurso, hay que flexibilizar ya que los costos fijos retrasan la competitividad.

El ejemplo de construcción y lucha de Ctera atenta contra la pretensión de establecer ese escenario. Es que la idea del tándem de poder que ocupa La Rosada es fomentar que las empresas externalicen y licuen entre toda la sociedad la responsabilidad que -hasta ahora- asume el Estado.

De ahí el feroz ataque al Fuero Laboral y la ansiedad que tienen por modificar el cuerpo de la legislación que regula la relación entre trabajo y capital.

Atentar contra los docentes y sus organizaciones, es también hacerlo contra un espacio fundamental de la resistencia activa y pedagógica contra este diseño de relaciones sociales que el Gobierno Cambiemos quiere imponer.

Por eso necesitan desarticular a los trabajadores y a sus organizaciones, porque a lo que apuntan es a destruir la conciencia de clase para poder avanzar en la tarea de construir un nuevo sujeto, el precariado, que reemplace al proletariado.