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Detenciones, causas penales y represión de la protesta social (2016 – 2017)

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1. Intensificación de la represión y criminalización de la protesta social

La utilización de la violencia física estatal contra la protesta social se ha intensificado significativamente en el año 2017, situación que se observa al analizar los casos de represión violenta de manifestaciones, apertura de causas penales y detenciones en contexto de reclamos vinculados a derechos sociales.
En cuanto a los hechos de represión, la cantidad total se ha mantenido relativamente constante respecto de un año atrás, e incluso podría llegar a presentar un leve descenso (58 casos  entre enero y septiembre de 2017 contra 86 casos en todo 2016), pero al mismo tiempo la magnitud de la violencia estatal ha sido muy superior a la utilizada un año atrás. Las muertes de Santiago
Maldonado y Rafael Nahuel, ambas ocurridas en el contexto y como consecuencia directa de operativos represivos llevados adelante por Gendarmería Nacional y Prefectura Naval, son los
hechos más paradigmáticos de este proceso. A ellos deben agregarse decenas de heridos producto de balas de goma y el otorgamiento de una virtual carta blanca a las fuerzas de
seguridad para reprimir violentamente las manifestaciones.
La presencia de una cantidad similar de hechos de represión, pero más violentos en términos cualitativos, se complementa con un aumento de la cantidad de causas penales iniciadas contra
manifestantes y fundamentalmente con un fuerte crecimiento de la cantidad de detenidos que va camino a duplicarse respecto del año anterior ( 514 en 2017 contra 269 un año atrás). Estas
detenciones se produjeron no solo en el marco de las manifestaciones, sino que se prolongaron muchas horas luego de finalizada la protesta, en lo que parece un modus operandi muy claro de respuesta a la protesta social.
En el siguiente cuadro puede observarse una breve síntesis cuantitativa de los casos considerados en este relevamiento:

Represión, causas penales y detenciones en el contexto de reclamos sociales (2016–2017)

2. Protesta social y respuesta estatal

El informe que presentamos a continuación constituye una síntesis de un relevamiento realizado por Liberpueblo y el Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma) sobre las formas de respuesta estatal y de los empleadores a las acciones de protesta social que se han realizado en el país entre enero de 2016 y diciembre de
2017.
Para ello hemos utilizado información disponible en los medios masivos de comunicación y denuncias aportadas por las organizaciones que representan a las personas afectadas. En tal
sentido, debemos destacar que se trata de un relevamiento de mínima, dado que por las características particulares de la unidad de análisis y de las fuentes utilizadas resulta imposible
realizar una recolección exhaustiva, límite que afecta en mayor medida al relevamiento de la cantidad de causas penales. Aun así, la información que se incluye en este informe permite dar
cuenta de la existencia de una práctica sistemática de respuesta a las protestas sociales que incluye la represión violenta de las manifestaciones, la detención de algunos de los participantes
y la apertura de causas penales como mecanismo de control social.
Estas acciones constituyen distintas formas de reacción estatal frente a los actos de protesta social. La criminalización de la protesta social, incluyendo aquí tanto las detenciones arbitrarias
como la apertura y sostenimiento en el tiempo de causas pena
les contra los manifestantes, ha sido en las últimas décadas una de las formas de represión más utilizadas. En algunos casos lo
es como paso previo a la represión abierta, directa, y en otros, articuladamente con ésta.
Con la criminalización de la protesta el Estado apunta a varios objetivos al mismo tiempo. Por un lado, frenar el conflicto social, acallando, disciplinando, atomizando y domesticando las disidencias. Por otro, correr el eje de la injusticia denunciada
por diferentes sectores movilizados hasta plantear que lo que está sucediendo es un “delito”, una “amenaza para el orden legal”, una “violación a la ley”, deslegitimando los reclamos.
En los últimos años existe una tendencia a agravar las imputaciones utilizando figuras penales cada vez más graves que penden como una amenaza sobre la libertad de dirigentes y luchadores, cuestionando derechos como el derecho a la huelga y a la movilización popular. Estos tipos penales son funcionales al
dictado de prisiones preventivas contra los manifestantes quienes de otra forma podrían gozar de su libertad durante el proceso penal. Entre ellos se encuentran: causas por atentado y resistencia contra la autoridad, perturbación de funciones públicas, robo, extorsión, usurpación, daños, entorpecimiento del transporte y los servicios públicos, intimidación pública. Esta última figura ha estado presente en casi todas las causas penales
iniciadas recientemente.
Por otra parte, en los últimos hechos represivos ha sido manifiesta la obstaculización a los abogados defensores de derechos humanos para identificar a los detenidos en Comisarías y destacamentos de las fuerzas de seguridad que intervinieron en la detención, provocando la necesidad de interponer habeas corpus para determinar su lugar de detención y el pedido de
intervención al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
Otra particularidad reciente son las preguntas efectuadas a los detenidos en las indagatorias tales como: “¿Milita en alguna organización o partido político?” “¿Sabía qué se discutía en el
Congreso?”. Estas cuestiones no se refieren a las conductas que podrían haber desplegado los detenidos sino a su pertenencia política y/o posición política frente a las políticas del gobierno.
Tanto para llevar a cabo la indagatoria como así también al momento de procesar a los imputados la descripción de los jueces es casi igual y genérica para todos los imputados: provocar a los agentes, causar temor, arrojar objetos, quemar tachos de basura y buscar impedir que el Congreso sesione, etc.
De esta manera, la utilización de la violencia física para reprimir
manifestaciones, la apertura de causas penales y las detenciones constituyen indicadores fundamentales para aprehender las características que asume en la actualidad la respuesta estatal ante la protesta social. Sobre estos tres indicadores volveremos a continuación.

3.Datos generales de la criminalización y represión de la protesta social

Entre enero de 2016 y diciembre de 2017 se registraron como mínimo un total de 309 hechos de represión y criminalización contra la protesta de las organizaciones del campo popular, de
los cuales 164 corresponden al 2016 y 145 al 2017. El hecho de mayor frecuencia fue la represión ejercida por las fuerzas de seguridad (47%del total) seguidas por la detención de activistas o
manifestantes por parte de la fuerza pública (28%), la apertura de causas judiciales contra miembros de organizaciones o manifestantes (25%).
Si bien la distribución geográfica de estos hechos atravesó a todo el país, se destaca una mayor concentración en la Patagonia (31%) y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (25%). A su vez,
la amplia mayoría de los hechos relevados se produjeron en el contexto de demandas laborales ( 168 hechos) seguidos por los reclamos vinculados a los derechos a la tierra y a la vivienda ( 71 hechos ).
La mayoría de los hechos de represión, detenciones arbitrarias y apertura de causas penales se dirigieron contra trabajadores (52% del total). En segundo lugar se encuentran los integrantes
de organizaciones sociales (28%) y en tercer lugar las comunidades de pueblos originarios (16%).

3.1 Utilización de la violencia física contra la protesta social

En el período relevado se registraron al menos 144 casos 8 que implicaron el ejercicio de violencia física por parte de las fuerzas de seguridad nacional es y/o provincial es contra manifestantes o
dirigentes de organizaciones del campo popular. En la mayoría de los casos ( 52 %) las víctimas de las acciones fueron trabajadores y dirigentes de organizaciones de trabajadores.
En segundo lugar, el 30% de los hechos de represión fue contra protestas de organizaciones sociales, de género, barriales y en defensa del medio ambiente. En tercer lugar se encuentra el
reclamo de pueblos originarios y campesinos (12 %) y por último otras organizaciones (5%). Cabe destacar que los casos de represión contra reclamos impulsados por comunidades de pueblos originarios fueron los que presentaron una violencia de mayor intensidad, concluyendo con la muerte de Santiago Maldonado en el mes de agosto de 2017 y de Rafael Nahuel en el mes de noviembre de 2017. En ambos casos se trató de  consecuencias directas de los operativos represivos impulsados por la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval respectivamente, que recibieron el respaldo explícito del Gobierno Nacional, sin que hasta el momento se haya conocido
ningún tipo de sanción a los responsables de ambos hechos de represión.
Las principales demandas de los hechos represivos estuvieron asociadas a mejoras en las condiciones de trabajo, despidos y de
mandas de puestos de trabajo (53 %) seguidas por los reclamos de tierra y vivienda (20 %). En menor medida se registró la utilización de la violencia estatal frente a reclamos por defensa
de dirigentes y servicios públicos, entre otros .

Distribución porcentual de los hechos de represión según el motivo de reclamo (2016 – 2017)

3.2 Detención de manifestantes y otras personas en el contexto de reclamos sociales

En el período relevado por este informe se identificaron al menos 869 hechos de detenciones arbitrarias que afectaron a un total de 78310 personas. Se trata de detenciones ocurridas principalmente en el marco de acciones de protesta social, mayoritariamente impulsadas por sindicatos (40%) y organizaciones sociales (37%).

Distribución porcentual de los hechos de detención según el sujeto víctima (2016–2017)

A su vez, los principales motivos que motorizaron la protesta, al igual que en los hechos anteriores, se destacan los motivos  asociados al trabajo (42%) seguidos de reclamos por tierra y vivienda (29%) y demandas por la defensa de dirigentes (9%), entre otros.

3.3 La utilización de la justicia penal contra la protesta social

Finalmente, en este informe relevamos 79 hechos de causas judiciales abiertas en el ámbito penal como consecuencia de situaciones de protesta social. En total, ellas afectaron a 25411
personas entre enero de 2016 y el 15 de diciembre de 2017. En este caso cabe aclarar que se trata del hecho que presenta mayores dificultades en cuanto a su relevamiento, ya que los
hechos de represión y las detenciones de manifestantes suelen recibir mayor atención mediática, mientras que la principal fuente de información sobre la apertura de causas penales son las propias organizaciones. Por ende, debemos asumir que este relevamiento posee un fuerte subregistro.
Los destinatarios principales de estas causas fueron dirigentes y referentes de las organizaciones sindicales, sociales y pueblos originarios (el 74% del total), es decir, sujetos que ocupan posiciones de representación en sus organizaciones. En este sentido, la apertura de causas contra dichos referentes es una forma de disciplinar a las organizaciones del campo popular en
su conjunto e impacta sobre todos sus integrantes, generando temor y obstaculizando la propia organización y acción colectiva.
Cabe destacar que en este informe no hemos incluido las acciones civiles iniciadas contra organizaciones sindicales. En este sentido, en el último año se volvieron a producir casos de
multas millonarias impuestas por el Estado contra organizaciones sindicales en el marco de conflictos colectivos de trabajo.
Fuente: Observatorio del Derecho Social Central de Trabajadores de la Argentina (CTA)