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El fantasma de las Afjp – Un diseño para saquear al Estado

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La reforma previsional tiene como objetivo reflotar la fiesta que en los noventa hicieron los bancos y las aseguradoras con los fondos jubilatorios… pero de otra manera ¿Cuál es el rol de la Ley de financiamiento productivo en ello? ¿Vuelven las Afjp? El macrismo ensaya alternativas con el paquetazo

Por NP

“Ley de financiamiento productivo” es el eufemismo al que el gobierno apeló para sancionar anoche en la Cámara Baja una reforma a la Ley de Mercado de Capitales que genera mejores condiciones para que los bancos, fondos de inversiones y constructoras o inmobiliarias lanzadas al negocio especulativo mejoren sus posiciones competitivas y así hacer negocios más jugosos.

La metodología utilizada por el gobierno fue similar a la implementada con el proyecto de blanqueo del que luego, una vez sancionada, se favoreció el propio presidente blanqueando 35 millones de dólares a través de su hermano: la presentación de un proyecto ómnibus que en su interior contiene diversas iniciativas para que el gobierno cabalgue sobre la menos dañina hasta su aprobación.

Si en el caso de la Ley de Blanqueo el caballito de Troya fue la Reparación Histórica, en el caso de la Ley de Financiamiento Productivo –que en la práctica implica una reforma al mercado de capitales- es el fomento de créditos productivos para la pequeña y mediana empresa. Sobre esto último se montó toda una arquitectura –analizada por este diario el día martes- que modifica las condiciones del mercado de capitales ¿Casualidad que esto suceda en el marco de la reforma previsional y laboral?

El bloque de poder no da puntada sin hilo y mucho menos tras los resultados electorales del 22 de octubre, interpretados como un cheque en blanco de la sociedad por la ceocracia que viene demostrando una fuerte iniciativa política para acelerar los cambios estructurales sobre el país.

El eje central de la “Ley de financiamiento productivo” es la desregulación del mercado de capitales, lo que en la práctica significa retrotraer el escenario a la ley sancionada en el 2012 tras la severa crisis económica internacional desatada en 2008.

Para justificar la reforma previsional –sobre la que se monta esta transformación del mercado de capitales- el bloque de poder centra su discurso en la ideología del ahorro, uno de los grandes mitos del liberalismo ortodoxo. El relato del ahorro aporta a la construcción mitológica de la eficiencia en la gestión de los recursos públicos, uno de los caballitos de batalla con el que la derecha justifica su política económica. Pero ¿por qué hablamos de mito? Por qué no hay ahorro: lo que hay es una transferencia fenomenal de recursos, claramente visible en la redistribución regresiva de la riqueza, desde el sector público al privado y desde el trabajo al capital.

Tal es así que el fenomenal recorte del sistema previsional redundará en un incremento sideral en los dividendos de las empresas más grandes del país. Se calcula que para el 2022 las empresas con más de 200 empleados –apenas el 1 por ciento del país- obtendrán ganancias por 200 millones de pesos, el doble del “ahorro” anual estimado por el gobierno en materia jubilatoria.

Pero ello no es todo: esta transferencia de recursos aumentará el déficit fiscal, por lo que el gobierno nacional apelará a la “necesidad” de tomar deuda externa para solventarlo. Para costear los dólares que ingresan al país, el Banco Central emitirá pesos que, para que no generen inflación –según la perspectiva ortodoxa-, serán aspirados de la economía mediante la emisión de Lebacs, a las que apostarán los inversores para luego comprar dólares y fugarlos al país. La bicicleta ya se echó a andar y es difícil que se detenga.

Lo que tampoco se detiene es el desfinanciamiento del Estado. La emisión de Lebacs genera una sangría presupuestaria vía pago de intereses que incrementa el déficit fiscal y las partidas de dinero destinadas a afrontarlas. Lo que se pone en un lado se quita en otro, por eso para el 2018, según consta en el presupuesto presentado por el Ejecutivo, los fondos destinados a endeudamiento crecen en un 30 por ciento respecto al 2017 y hasta un 10 respecto la inflación y decrecen, porcentualmente respecto al PBI, en un 1 por ciento el “gasto público”. Donde se hace más evidente el recorte es en Ciencia y Tecnología, ya que el presupuesto 2018 es un 2 por ciento menor en términos reales al del 2017. Luego, en el resto de los ministerios y secretarías se observan recortes en las políticas públicas y asistenciales –Acumar es un claro ejemplo- mientras crecen los “gastos de servicio” por endeudamiento.

Estas son las cuentas que justifican la decisión del gobierno de achicar el Plan Médico Obligatorio y lanzar la Cobertura Universal de Salud (CUS), denunciado por toda la comunidad sanitaria del país como un ataque severo contra la salud pública.

Las Afjp pero de otra forma

La “Ley de financiamiento productivo” es un nuevo paraguas legal en el marco del paquetazo que se complementa con el preciso cuerpo jurídico que el gobierno construye para dejar sellado en papel las transformaciones políticas y culturales que implementa. Esa es la vinculación que existe entre el paquetazo y proyectos puntuales como la “Ley de Financiamiento Productivo” o batería de medidas más ambiciosas como las reformas laborales y tributarias.

En este marco, uno de los principales objetivos de las medidas que impulsa el gobierno es reflotar las Afjp, es decir, tomar los fondos de la Anses, entregárselos al sector financiero y dar rienda suelta a la timba financiera. Como por el momento tal esquema es difícil de aplicar, ya que no existe un consenso social para ello, el gobierno echó mano a la creatividad y propone una reforma tributaria -y dentro de ella una previsional- que apunta a socializar los costos de la seguridad social y privatizar los beneficios.

La vuelta que el gabinete encontró para ello es la reducción de subsidios que el gobierno pactó con los gobernadores a cambio de mayores transferencias de recursos en forma de compensación. La quita de subsidios tanto como la reforma tributaria en general implica un desfinanciamiento severo del sistema previsional, pero también de la salud y la educación pública, sólo para mencionar dos áreas sensibles. Sin embargo, el déficit fiscal lejos de disminuir sigue creciendo y ello se debe al creciente peso que tiene sobre la estructura económica nacional el pago de intereses de la deuda y vencimientos de Lebacs.

Lo que se quita de una parte se agrega a otra: esa es la esencia de la fenomenal transferencia de recursos de la que es testigo la Argentina desde que la ceocracia asaltó la administración del Estado. Por ello la “Ley de financiamiento productivo” es una herramienta más que estimula la fiesta de la banca como también lo es el paquetazo en general.

Pese a que desde distintos sectores se pone el énfasis en la reforma tributaria en general, el verdadero carácter regresivo del paquetazo, por su profundidad estructural, está en la reforma previsional. En ese marco, el regreso de las Afjp más que un fantasma es un peligro concreto que se advierte rápidamente al ver quiénes son los actores que hacen negocios con la política de endeudamiento que sin duda será profundizada tras la reforma previsional.

Para decirlo de otra manera: los cambios en el sistema jubilatorio justifican desde la ideología del gobierno y los mitos que construye en rededor de los fenómenos que aborda, entre otras cosas, el crecimiento de la deuda externa y la bicicleta financiera. A diferencia de la década del noventa esta vez el botín es aún más grande.

Es preciso señalar que en el caso de las Afjp hay quienes sostienen que más que una privatización de los fondos previsionales, lo que se hizo fue montar una arquitectura para que los bancos pudiesen tomar los recursos de la Anses y así hacerlos circular y obtener renta sin inversión alguna. Porque en el sistema de Afjp siempre, en última instancia, era el Estado el que solventaba los préstamos con los que luego se pagarían las futuras jubilaciones. En otras palabras, el Estado cedía a los privados los fondos por los que, en última instancia, respondía el mismo Estado. El negocio era redondo para las compañías aseguradoras y letales para el conjunto de la sociedad ya que el desfinanciamiento público era enorme.

Lo que no queda duda es que el sistema favoreció una privatización de los beneficios y estatización de los costos, ya que el Estado financió la amputación de recursos de la Anses con endeudamiento externo. Esto mismo está sucediendo en la actualidad y se acentuará tras la sanción de la reforma previsional sólo que las Afjp como tal no actuaran sobre los fondos jubilatorios, sino que ahora son los fondos de inversión y los bancos los que se sirven de los dólares que ingresan vía endeudamiento para obtener rentabilidad mediante la bicicleta financiera.

Así las cosas los actores son los mismos aunque los nombres de fantasía -Siembra, Consolidar, Orígenes o Máxima- sean distintos. Ahora ya se presentan como se llaman en el sistema financiero: Goldman Sachs, JP Morgan, Hsbc, Bbva, MetLife y New York Life International son algunos de los fondos de inversión que están haciendo su agosto con el macrismo y que lo hicieron con el menemismo y las Afjp.

Números que hablan

Uno de los motivos por los que el gobierno no puede reeditar en este momento las Afjp es que una decisión de ese tipo engrosaría exponencialmente del día a la mañana el déficit fiscal en un contexto donde también el déficit comercial no para de crecer y los intereses de las deuda se agrandan como bola de nieve que cae sobre la pendiente.

Pero para sustituir esta barrera y entregar al sector privado los recursos previsionales y públicos, montó una arquitectura que ya se deja ver en números.

El recorte a las jubilaciones duplicará y hasta podría casi triplicar lo que se pagó por la reparación histórica (36.531 millones de pesos frente a 70 mil millones; los más “optimistas” hablan de casi cien mil millones.

El “ahorro” propuesto por el gobierno equivale a más de 70 mil asignaciones universales, a 13 mil jubilaciones mínimas, 12 mil salarios mínimos o al 7 por ciento del presupuesto educativo nacional del 2017.

Además, por la baja en las contribuciones patronales las empresas ganarán 200 mil millones de pesos. La cifra surge de un cálculo sobre un nuevo mínimo no imponible dispuesto sobre las contribuciones patronales que arranca de 2400 pesos en 2018 y llegará a 12 mil en 2022. Pero eso no es todo: al cabo de cinco años, la tasa de contribución caerá un 65 por ciento, de los 322.697 millones de pesos mensuales actuales a los 114.213 ¿Quién pagará esos costos? Los trabajadores, que destinarán un 14 por ciento de su salario bruto a la seguridad social, mientras que las empresas aportarán sólo 6 por ciento.