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Modelo de ciudad y ahora de país – Un país sin hogares

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En el marco del paquetazo post-electoral el macrismo realizó cambios al proyecto de Ley de Alquileres que tenía cajoneada en Diputados y ahora se plantea exportar el modelo de ciudad PRO a todo el país ¿En qué consiste?

Si las condiciones estructurales de la Argentina convierte al sueño de la casa propia en una verdadera quimera para la mayoría de trabajadores -ocupados, subocupados o desocupados- profesionales y cuentapropistas que componen los sectores populares, el proyecto económico-social del macrismo trasciende esa utopía y hace que cada vez sea más difícil satisfacer la necesidad de guarecerse bajo un techo y formar un hogar, aunque sea, como inquilino.

La afirmación no es caprichosa: bajo la influencia de la banca privada que gracias al endeudamiento externo y la bicicleta financiera cuenta con cuantiosas sumas de dinero para ofrecer en el mercado créditos leoninos para los acreedores, el macrismo impulsa cambios en Diputados al proyecto de Ley de Alquileres -con media sanción de Senadores- que prevé ajustar el precio de los mismos por inflación o por unidad de valor adquisitivo (UVA).

Una vez más, la lógica del sector privado -hegemonizado por la oligarquía financiera- parece imponerse y marcar el ritmo de los diferentes aspectos de la vida económica y social de la Argentina. Es así como el macrismo -que lleva diez años gobernando la Ciudad- planea exportar a todo el país el paradigma de ciudad-empresa que logró consolidar en Buenos Aires.

Esta es la clave en la que hay que leer el intento del bloque cambiemista para ajustar por inflación o UVA los alquileres, como así también cada una de las medidas que tienden a un único y claro objetivo: delegar responsabilidades del Estado en el sector privado para que estos hagan sus negocios con fondos o recursos públicos.

El mecanismo es perverso y es parte del fenomenal y aceitado engranaje que el bloque de poder dominante se encuentra consolidando para operar la transferencia de recursos desde el trabajo hacía el capital, desde la industria al sector financiero, desde lo productivo a lo especulativo y desde la periferia al centro. Imponer la lógica del mercado en un sector tan sensible como el de la vivienda, en un país donde el déficit habitacional alcanza a más de tres millones y medio de personas, es lisa y llanamente entregar potestades estratégicas del Estado para que unos pocos obtengan cuantiosas ganancias en detrimento de muchos. No es novedoso: se trata de la relación simbiótica entre Estado y corporaciones bajo las que germinó la ceocracia y el poder económico que en la actualidad administra el Estado. Hablamos de un empresariado que lejos de sobresalir por su capacidad innovadora y creativa en el marco de la libre competencia económica -si es que existe- creció al ritmo de los recursos que pudo aspirar del negocio de la obra pública, la prebenda y los subsidios en el marco de una economía en la que sobresalen los monopolios, oligopolios y la cartelización.

Rechazo de los inquilinos

Desde Inquilinos Agrupados denunciaron que los cambios introducidos en la Comisión de Legislación General de Diputados “busca proteger la rentabilidad de los propietarios y facilitar los desalojos”. El cambio en la ecuación no es anecdótico: el proyecto original aprobado en la Cámara Alta -a la cual volverá si los cambios propuestos por el oficialismo son aprobados- establecía que el ajuste de los alquileres será promediado entre la inflación medida por el Indec y los aumentos paritarios.

Desatendiendo el hecho de que este mecanismo no contiene a los millones de trabajadores que trabajan en la informalidad –lo que les impide gozar del derecho a la paritaria- y que tienen que pagar un alquiler, era una ecuación que a priori no era mala en un escenario donde domina la total arbitrariedad del propietario a la hora de fijar los precios de los alquileres. Por el contrario, era valorado como positivo por las organizaciones de inquilinos.

Pero tras los resultados electorales y la presentación del paquetazo algo cambio y el gobierno ahora se plantea realizar modificaciones al proyecto que pone “patas arriba” el espíritu con el que surgió. Tal es así que Gervasio Muñoz de Inquilinos Agrupados sentenció que “es nuestro proyecto dado vuelta para proteger la rentabilidad de los propietarios”.

Pero esto no es todo: el texto -previendo una situación similar a lo sucedido en 2001- deja las puertas abiertas para acelerar los procesos judiciales frente a los pedidos de desalojo por parte de los propietarios, siempre en detrimento de los inquilinos. El proyecto busca establecer que el plazo legal corra a partir de que se emite la notificación de desalojo y no a partir del momento en que el inquilino es notificado de forma fehaciente.

Paradigma neoliberal

El déficit habitacional es uno de los problemas más graves y profundos del país: afecta a millones de personas, todas ellas de los sectores populares, mientras unos pocos hacen negocios en el sector inmobiliario. La Ciudad de Buenos Aires da pruebas contundentes sobre las consecuencias que tiene desregular el sector inmobiliario pese a que el macrismo logró imponer en el período entre-electoral una nueva ley de alquileres que a priori -y como este diario desmintió en su momento- beneficia a los inquilinos.

Desde la llegada del macrismo a la Ciudad lo que se ha impuesto es el paradigma de la ciudad-empresa, un modelo de ciudad diseñada por la corporación Bratton-Giuliani bajo una concepción de fuerte corte neoliberal que se quiso implementar en la década del noventa en nuestro país y fracasó.

El parte aguas que posibilitó las condicione para instalar el paradigma de ciudad-empresa con los que los emisarios de Bratton-Giuliani habían fracasado a principio de siglo fue la colonización por derecha de la masacre de Cromañón y los cambios políticos, culturales y normativos que la misma provocó. Con sabiduría y con el indispensable apoyo de la mass media que contribuyo a ese proyecto, la derecha se montó sobre una de los acontecimientos más dolorosos para desplegar su nuevo proyecto político.

Este nuevo proyecto político que como tal encierra una nueva concepción de ciudad implica enormes trasformaciones económicas, sociales, culturales y urbanas, muchas de ellas analizadas puntillosamente por Nuestra Propuesta. Entre ellas, se destaca la re-estructuración del mundo rural (crecimiento de los agro negocios, monocultivo, desplazamientos y extranjerización de la tierra) y la estigmatización de los sectores sociales excluidos del modelo social (reforma migratoria, reforma del código penal, etc.) sobre el que se construye un nuevo paradigma urbano. Las políticas habitacionales del macrismo dan cuenta de ello: obras cosméticas sobre la fachada de los barrios de emergencia de la Ciudad (pese a la organización y resistencia de sus habitantes organizados en diversas multisectoriales) e inversión sobre diversas zonas de la ciudad para que el negocio inmobiliario sea rentable.

Así, se ha ido conformando un modelo de negocios en donde los límites entre Estado y sector privado comienzan a ser difusos hasta el punto en que, a ambos lados del mostrador, se encuentran los mismos actores. Empresas que se presentan a licitaciones pactadas de antemano y funcionarios que, o forman parte del sector inmobiliario y de la construcción o que son socios primarios del mismo. El ejemplo Macri-Calcaterra es el máximo exponente de una relación que se cuece hace años con los mismos ingredientes: corporaciones y Estado.

No se puede desconocer que hay raíces históricas muy profundas sobre las que se asienta este modelo. Hay que recordar que los primeros conflictos en torno a la utilización del espacio urbano y el diseño de la Ciudad comenzaron a desarrollarse a fines del siglo 19, cuando la Ciudad de Buenos Aires, bajo los principios sobre el cual se constituía el Estado Burgués en Argentina -libertad, igualdad y propiedad- comenzaba a dar cuenta de las contradicciones existentes entre los principios abstractos del liberalismo nacional y la realidad de los sectores populares.

Así, el usufructo de la propiedad privada se convirtió en el principio por antonomasia al que las clases dominantes del centenario apelaron para establecer los grados de libertad e igualdad de las personas. Con el advenimiento del neoliberalismo, no sólo la propiedad reafirmaba su carácter de derecho universal nunca consagrado para las clases populares sino que también se restringían los principios de igualdad y libertad sobre los que el Estado liberal burgués decía fundarse.

Ello trajo aparejado un diseño urbano desigual que al día de hoy se sigue profundizando, producto del desarrollo del paradigma de ciudad-empresa sobre el que el macrismo basó su estrategia política para administrar la Ciudad de Buenos Aires. Las diferencias norte-sur no sólo se siguen agudizando, sino que ha sido el propio Estado porteño el que realizó las inversiones necesarias para que el negocio inmobiliario sea rentable. Un caso paradigmático en ese sentido es el del barrio de Parque Patricios (desarrollo del centro cívico).

Pero también hay raíces históricas que la derecha necesita erradicar para poder expandir su proyecto habitacional. Buenos Aires es una ciudad con tradición de lucha, epicentro de grandes hechos históricos de la vida nacional y con la concentración de un movimiento obrero en su seno que había protagonizado grandes hitos populares como la huelga de los obreros de la construcción en la década del treinta o la huelga de inquilinos. Esa tradición aún persiste en las asambleas de inquilinos y en las organizaciones sociales y políticas cuyos programas contienen una nueva perspectiva -popular, integradora y participativa- sobre la vivienda y el espacio público. Hay allí una semilla para combatir un modelo exclusivo, segregacionista y violento como el que ahora el macrismo quiere imponer a nivel nacional.

Fuente: NP