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Eduardo Barcesat, las impresiones del letrado

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DESAPARICIÓN DE SANTIAGO MALDONADO
Por NP

El jurista Eduardo Barcesat, un día antes de la audiencia en contra del Estado nacional y la Gendarmería por encubrimiento, cargó contra el juez Otranto y rescató el rol de la movilización popular para esclarecer el crimen.

Mañana, como otras veces, los espacios linderos a los tribunales de Comodoro Py volverán a ser el lugar en que se crucen los caminos de la historia popular. Es que un hecho crucial se dará allí en el marco de las investigaciones por Santiago Maldonado: la primera audiencia en la acción penal contra las autoridades nacionales y la cúpula de la Gendarmería Nacional por encubrimiento de la desaparición forzada del joven bonaerense.

En tanto, diversas situaciones se siguen registrando en este caso, que mantiene en vilo al pueblo argentino y envilece de discursos represivos a un sector de la sociedad y a no pocos de sus referentes. Ante ello, el prestigioso jurista Eduardo Barcesat, quien es uno de los promotores de la denuncia contra el Ejecutivo nacional y la institución armada acusada de la desaparición de Santiago, analizó para Nuestra Propuesta el estado de las cosas.

En primer lugar, el cese de las actuaciones en la causa del juez que la atendía antes de Guido Lleral, mereció su aplauso, por lo que dijo: “hay que felicitar la salida de Guido Otranto”. Explicó al respecto que ese magistrado “es parte de lo que debe ser investigado” ya que “tiene una muy importante responsabilidad por haber impartido la directiva de la cual resultó, en definitiva, la desaparición”.

“Las hipótesis diversas que él mismo planteó y llevó a la causa judicial demuestran su interés por cubrir la verdadera situación”, agregó y, con respecto al nuevo juez, se limitó a manifestar: “esperamos saber si dispone, por ejemplo, retomar él la conducción de la actividad instructoria, que ha sido delegada a la fiscal, que no amerita ninguna garantía para la correcta actividad instructoria que merece un crimen calificado por las convenciones internacionales como de lesa humanidad”.

Volvió a criticar a Otranto también por obrar “falseando las pruebas ya colectadas” y aclaró que es “modesto” el criterio de “prejuzgar” que blandió la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia para desplazarlo ya que, estimó Barcesat, “había muchísimas otras causales más para separarlo de la causa, comenzando por haber sido el que dio la orden para que Gendarmería Internacional actuara”.

Repercusión de un grito

Como se recordará, el caso por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, pese a no propiciar muchas acciones concisas para su esclarecimiento por parte del Estado nacional, mereció hasta la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), que invitó al gobierno argentino a acudir el 26 de octubre a una reunión del organismo en Montevideo, a la cual la familia de Santiago Maldonado ya aseveró que concurrirá.

Barcesat aclaró que esta acción de la Cidh “es una obligación que surge tanto de la convención regional como de la convención internacional” y que “la intervención en este tema es parte del protocolo de las dos convenciones”. Añadió que “por ello la actitud que ha asumido el gobierno, de negarle a la Comisión Internacional la presencia de un comité de expertos para formular una investigación imparcial idónea es de una irresponsabilidad enorme”.

“Igual valor le asigno a la información que, a los 60 días, se le suministró a la Cidh diciendo que no se había colectado indicio o evidencia de la intervención de Gendarmería Nacional en la desaparición forzada”, repuso el abogado, que luego dejó claro que estas impresiones serán utilizadas, también, en la audiencia de mañana.

La línea represora

Barcesat también quiso emitir opinión sobre el mensaje político emitido por el genocida Alfredo Astiz la semana pasada, cuando en un vasto alegato en el marco del juicio que se le sigue por crímenes de lesa humanidad cometidos en la Esma, este opinó, entre otras cuestiones, que los que surgen del pueblo mapuche en reclamo por sus derechos ancestrales son “movimientos terroristas secesionistas” y hasta se animó a minimizar la responsabilidad de la Gendarmería en la desaparición de Santiago.

Dijo el letrado que entre estas apreciaciones de un represor ya condenado y las vertidas oportunamente por funcionarios del gobierno nacional actual “hay un isotopismo completo”. Le sumó: “son dichos simétricos a los que se empleaban durante el período de la dictadura militar para aludir o eludir la situación de los desaparecidos”.

Consideró que esto demuestra que “se actúa con iguales parámetros e igual criterio: ocultamiento y desinformación”. “Que lo diga un ser patológico como Alfredo Astiz ya es grave, pero mucho más grave es que lo diga quien está ejerciendo una función superior en el marco del poder Ejecutivo Nacional”, le sumó.

En ese sentido, rescató la respuesta popular masiva, en plazas de todo el país, a este accionar del gobierno argentino en alianza con ciertos sectores de la Justicia y las fuerzas represoras. Dijo que esas marchas “son la expresión más clara de que la conciencia del pueblo argentino no tolera una desaparición forzada”. “La dura experiencia que hemos atravesado bajo la dictadura ha formado una coraza protectora”, consideró.

Finalmente, manifestó un deseo: “esperemos que el poder judicial no asuma la misma actitud que asumió bajo la dictadura, que fue convertirse en cómplice del encubrimiento y en impedir la realización de una tarea instructoria fructífera, que determine los tres niveles de responsabilidad: el de los autores materiales de la apropiación del cuerpo, lo que es decir el pelotón de Gendarmería Nacional; el de los los autores mediatos, que son los que impartieron la directivas, los protocolos y la orden que llevó a la desaparición forzada de Maldonado y, en tercer nivel, el del encubrimiento de estos hechos”.