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La tajada, cada vez más grande

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Por NP

Las empresas energéticas tienen un rol protagónico en el esquema de ajuste que el gobierno desea profundizar tras las elecciones del 22. A fuerza de tarifazos, condonaciones de deuda y absorción de fondos públicos, los grupos económicos de este segmento de la economía se quedan con una tajada grande de la torta ¿el denominador común? Todas amigas del presidente y la ceocracia

A poco más de dos semanas de las elecciones del 22 de octubre, se va develando la intención por parte del gobierno nacional de pisar el acelerador y profundizar las políticas de ajuste y represión de cara a la segunda mitad del mandato del presidente Mauricio Macri.

Como parte de esta arquitectura montada para favorecer a los grupos económicos en detrimento de los sectores populares, el gabinete económico confirmó que el Estado nacional compensará con 355 millones de pesos a Edenor y Edesur en “reconocimiento de las obras ya realizadas”.

Se trata de una nueva medida adoptada por el ejecutivo nacional tendiente a favorecer a las dos empresas distribuidoras de energía eléctrica que monopolizan el sector en el Gran Buenos Aires y Capital Federal. Si en términos liberales este oligopolio da cuenta de la falta de competencia en el mercado de la distribución eléctrica, este desembolso por “compensación por obras” que realiza el Tesoro Nacional va directo a engrosar la tasa de ganancia de ambas.

Si la intervención del Estado en la economía es “perjudicial” para la libre competencia, está claro que para los liberales no lo es tanto cuando se trata de aspirar recursos públicos para un sector de la economía en donde de por si tienen la rentabilidad garantizada debido al carácter oligopólico del segmento.

Pero eso no es todo. Mientras por un lado el gobierno transfiere directamente y sin escala 355 millones de pesos a Edenor y Edesur, por el otro, se esperan para después de octubre aumentos siderales en las tarifas de servicios públicos. Como adelantamos en Nuestra Propuesta, para noviembre la luz en el Área Metropolitana aumentaría hasta un 50 por ciento y el gas natural, según trascendió en las últimas horas, un 40. Estos incrementos se producen en el contexto inflacionario más alto del país desde la crisis del 2001 a esta parte, con los precios de los combustibles liberados a los caprichos del mercado y el desplome del poder adquisitivo del salario.

Una vez más, el combo es fabuloso para los grupos económicos y letal para los sectores populares: para estos, las nuevas tarifas de servicios públicas resultan confiscatorias de sus ingresos. No es para menos: según confirmo el mismo Indec a través de la Encuesta Permanente de Hogares, la mitad de los asalariados cobra menos de 10 mil pesos mensuales. Así no hay bolsillo que resista.

Los que sí tienen sus cuentas holgadas son los grupos económicos vinculados al sector energético. Edenor y Edesur recibieron subsidios por más de una década mientras fugaban las ganancias en vez de invertir en el tendido de energía. Esta falta de inversión se hizo evidente en los cortes de suministro que se repitieron durante los últimos veranos del kirchnerismo, que nunca desarrolló una política sería en materia energética ni obligó a las empresas a invertir las partidas presupuestarias que recibían vía subsidios.

Con nombre y apellido

Esta situación ventajosa de la que partieron Edenor y Edesur -sólo por nombrar a las dos empresas más emblemáticas- se vio fuertemente favorecida por la política económica del gobierno. Y como todas las medidas económicas favorables a los grupos económicos, se explican con nombre y apellido. En el caso del sector energético los protagonistas son el ex ceo de Shell y actual ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren, el amigo personal del presidente y accionista de Pampa Energía Joe Lewis y Marcelo Mindlind, dueño de Edenor y comprador de la subsidiaria de Petrobras en Energía. Este último, además, es dueño de Transener, la mayor transportadora de energía eléctrica del país y de TGS, una de las empresas de gas más grandes del país.

Pero eso no es todo: el empresario favorito del presidente compró este año Iecsa, empresa que se sospecha como propiedad de la familia Macri y cuyo testaferro era, hasta abril de este año, el primo del presidente Angelo Calcaterra.

Midlin es, además, como Lewis, socio de los Irusta Cornet -dueños de Araucaria y Spi Energy- y forman parte de las casi ochocientas grandes empresas que por ser “usuarios electrointensivos” quedaron exentos de los tarifazos y pagan la energía a un costo mucho menor que el de cualquier argentino de a pie.

Tarifas y disciplinamiento social

Con la profundización del nuevo esquema tarifario y los beneficios que reciben las empresas prestadoras de servicios públicos, queda bien en claro quiénes son los ganadores y perdedores del modelo económico del gobierno.

Recientemente consultado por la prensa, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, justificó los aumentos, reafirmó que hasta 2019 los habrá en todos los trimestres y se excusó bajo el pretexto de que “es costoso, es duro, pero es la única manera que podemos crecer, sin que los servicios se corten, y que quienes vienen a invertir puedan producir y generar empleo”. ¿Tiene razón el ministro? ¿No existe otro esquema que no sea el de cargar sobre las espaldas de los trabajadores las variaciones en el precio del costo de los servicios públicos?

Alternativas existen y todas ellas exigen romper con dos pilares fundamentales sobre los que se sostiene el proyecto económico de la derecha en el país: la ruptura de la relación simbiótica entre corporaciones y Estado tendiente a profundizar el proceso de concentración de la riqueza y la implementación de un nuevo modelo económico basado en la soberanía energética, la inversión pública en infraestructura y la expansión de un sistema de transporte estatal no sólo de pasajeros, sino también de mercancías. Es un esquema que incluye la nacionalización total de YPF, el desarrollo de un nuevo modelo minero no extractivista y de expropiación a las multinacionales que saquean la riqueza de nuestro suelo.

La enumeración realizada sirve tanto para establecer una breve hoja de ruta sobre el camino que debería seguir la Argentina para comenzar a romper la dependencia estructural de su economía como para entender por qué es una vía que nuestro país tiene obturada mientras esté sometido a la hegemonía de un bloque de poder integrado, entre tantas otras, por empresas vinculadas al sector energético y del transporte.

Como se sabe el aumento de tarifas en los servicios y el transporte público impacta rápidamente en todos los precios de la economía, lo que se traduce en un aumento sostenido de la inflación en toda la estructura económica del país. A su vez, el encarecimiento del costo de vida redunda en una caída del consumo, la cual, golpea drásticamente al mercado interno por lo que aumenta el desempleo y a causa de ello la pobreza y la indigencia. Se trata de un combo letal para los sectores populares que absorben los costos de la transferencia de recursos que se hace hacía las principales empresas vinculadas a los servicios públicos y la logística.

De esta manera el factor tarifario se presenta como una herramienta clave para ordenar el escenario social y productivo, ya sea por medio de la regulación y subvención estatal para favorecer que los que menos ingresos tienen o por medio de esquemas regresivos de tarifas que tienden a aumentar las ganancias de las empresas del sector y limita el consumo en hogares de bajos recursos y en pequeñas y medianas empresas que, ante cuentas impagables, comienzan echando trabajadores y luego cerrando.

La consolidación del perfil liberal burgués del Estado nacional bajo la administración macrista escribe un nuevo capítulo en el que se fortalece y reafirma.