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Impulsan una ley para declarar la emergencia nacional para las PyMES

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La senadora por Misiones, Sandra Giménez, presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia del sector de las PyMES por 180 días. El proyecto pretende aportar soluciones para mejorar las críticas condiciones en las cuales están sumergidas las PyMES producto de las políticas económicas del Gobierno Nacional de Cambiemos que conduce el Ing. Mauricio Macri.

El pasado 17 de mayo se presentaron en el Senado de la Nación, en el ámbito de la Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa  los representantes de APYME, organización que nuclea a las PYMES de todo el País, para brindar un diagnóstico y ciertas propuestas que ayuden a revertir la triste realidad que les toca vivir como consecuencia de las medias adoptadas por el Gobierno Nacional como son: el ajuste tarifario, la apertura indiscriminada de las importaciones, la competencia desleal, la devaluación, el proceso inflacionario en curso, las paritarias sectoriales y el efecto de la política monetaria sobre el costo del financiamiento.

Producto de este encuentro la Senadora nacional, Sandra Giménez busca, dentro de un esquema de emergencia por 180 días, amortiguar los efectos de las medidas de política económica implementadas por el gobierno nacional. Los beneficios incluidos en el Proyecto de Ley  van desde la suspensión de los ajustes tarifarios y el congelamiento de las tarifas, la bonificación de impuestos nacionales y cargas sociales, la disponibilidad de créditos subsidiados y la implementación de un régimen de regularización de las deudas impositivas acumuladas como consecuencia de la caída del nivel de actividad.

Específicamente el proyecto plantea:

– Suspensión del aumento de las tarifas de los servicios públicos y fijación de las tarifas según el plazo al cuadro tarifario vigente en cada uno de ellos a noviembre de 2015

– Bonificación de 50% de la alícuota del impuesto a las ganancias, a la ganancia mínima presunta, el impuesto a los débitos y créditos bancarios y a los bienes personales.

– Bonificación de 50% de las cargas sociales por el personal registrado que alcanzará a 75% si en el período de vigencia del régimen el empleador incrementa en más de 50% la planta de personal registrado. La referida bonificación no tendrá impacto previsional sobre los trabajadores, es decir, se computarán a los fines previsionales como contribuciones pagados al cien por ciento (100%).

– Otorgamiento de préstamos a través del Banco de la Nación Argentina  que permitan el sostenimiento de la actividad comercial o productiva a una tasa que no podrá superar el 15%.

– Disponibilidad de un régimen de regularización de deudas impositivas y previsionales acumuladas que permitirá su cancelación en un plazo de al menos 120 meses, desde la sanción de la presente ley.

La lógica del Gobierno de Cambiemos incluye varios supuestos que no duran análisis alguno, sino que se basan en prejuicios teóricos que cuando se han contrastados con la realidad han fracasado tanto en la Argentina, como en el resto del mundo. Ningún empresario está deseoso de echar trabajadores porque ello implicaría que esta vendiendo menos y, por lo tanto, que producirá menos. Y, ningún trabajador está deseoso de una doble indemnización, ya que eso implicaría la pérdida de su trabajo con lo que ello implica.

En un momento de la reunión llevada a cabo en el Senado de la Nación, uno de los representantes lo dejo en claro al sostener que “Las Pymes no tienden a expulsar trabajo. Los despidos actuales provienen mayormente del ajuste en el Estado, el freno en la obra pública y la construcción y por parte de grandes industrias. Para la pequeña y mediana empresa el trabajador es parte de su capital de trabajo. Si una Pyme comienza a expulsar trabajadores, es el comienzo de la muerte de la empresa”

Estas propuestas incluidas en el proyecto de la Senadora de la Nación buscan, además de hacer viable la supervivencia de las PYMES, la protección de miles y miles de puestos de trabajo.

El valor de las PyMES

El país cuenta con más de 650.000 PyMEs que generan el 50% del valor agregado y tres cuartas partes del empleo, lo que significa más de la mitad de los puestos de trabajo formales generados. Su gran flexibilidad y dinamismo les permite adaptarse a los cambios tecnológicos, económicos y, en muchos casos, detectar nuevos procesos, productos y mercados.

Varios modelos de desarrollo productivo de países que hoy figuran entre las principales economías mundiales (la UE, los Estados Unidos y Japón), se han basado en políticas exitosas de fortalecimiento y promoción del crecimiento de sus empresas de menor porte.

El rol dinamizador, tanto en el nivel de actividad como en la generación de empleo de los pequeños comercios y emprendimientos productivos constituye la principal razón de generar un mecanismo que les permita atravesar estas épocas.

Sin dudas, reducir la carga tributaria y otorgar financiamiento con facilidades tiene un costo fiscal asociado, pero un costo absolutamente justificado que permita sostener los puestos de trabajo y garantizar la capacidad de la economía de reaccionar al ciclo económico a través de su eslabón más dinámico.

Una política fiscal contra cíclica está más que justificada en estos momentos, y terminará generando una protección de la capacidad tributaria de la economía en su conjunto, evitando una profundización de las crisis.

La capacidad de la política económica, en particular la política fiscal, para reaccionar contra el ciclo económico para amortiguarlo, constituye un signo de inteligencia fiscal, asignación eficiente de los recursos y protección de la capacidad de la economía para generar recursos.

Necesitamos una Argentina con PyMEs fortalecidas que generen trabajo decente con empleos formales e inclusión social.

Fuente: Revista Enfoque

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