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Concentración y legislación de medios en América Latina – ARGENTINA – Parte III

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Por César Zubelet, Periodista e Investigador (Argentina)

Analizar la situación en la legislación de los medios de Venezuela, Ecuador y Argentina nos permite construir una mirada sobre la batalla política ideológica librada entre quienes buscan mantener la actual concentración mediática, y los que trabajan por la democratización de las voces.

Argentina

El 10 de octubre de 2009, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner el Congreso de la Nación aprobó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El armado de la norma, fue fruto de un amplio debate que atravesó todo el país, y la misma ha sido considerada como una de las leyes más avanzada en la región. Recoge el reclamo histórico de diferentes organizaciones políticas y sociales, que desde el retorno de la democracia, dieron batalla por la derogación del decreto- ley de radiodifusión de la dictadura, (22.285/1980) y trabajaron a favor de la diversidad de voces y la democratización de los medios de comunicación.

La norma, crea La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual –AFSCA–, que tiene a su cargo tanto velar por el cumplimiento de la ley, aplicar sanciones por incumplimiento de la misma, así como llevar adelante todas las acciones que procuren la democratización de los medios de comunicación, la entrega de licencias,  la sana competencia, entre otras. Se crea además la Defensoría del público que tiene como finalidad la recepción y canalización de denuncias, reclamos y consultas del público, representando al estado en instancia judicial, siendo además mediador en conflictos y velando por el respeto a los derechos humanos en sentido amplio, en cuanto al contenido comunicacional.

Es necesario recordar que el sector cooperativo que estuvo anulado por el antiguo decreto- ley de radiodifusión de la dictadura, tiene un rol activo en la construcción de las nuevas herramientas comunicacionales, ya que ha sido un actor fundamental en el reclamo y propuestas para buscar un nuevo un marco legal de las comunicaciones.

Finalmente hay que recordar y valorar otro intento por democratizar la palabra en Argentina, como fue por medio del proyecto de ley que presentó en el Congreso de la Nación, el 4 de octubre de 1996, en pleno auge del neoliberalismo en Argentina y la región; el Diputado Nacional Floreal Gorini, donde señaló que “es indispensable contar con una legislación que acote el avance de las grandes corporaciones nacionales y extranjeras, garantice el acceso a la explotación de las frecuencias a vastos sectores de la comunidad, proteja el espacio audiovisual nacional y resguarde la comunicación y producción regional en el interior del país y en las grandes concentraciones urbanas.”

Cambios a partir de la ley

 

Desde que se aprobó esta norma, se entregaron 1365 autorizaciones y licencias de radio AM y FM y televisión abierta y paga; junto a las 750 licencias de radio AM y FM al sector privado, 161 licencias a empresas proveedoras de servicios de TV por cable, y 77 autorizaciones a medios de gobiernos provinciales, municipales y comunales.

De igual manera indica que se otorgaron 27 licencias para radios de baja frecuencia en zonas de alta vulnerabilidad social, 283 medios (radio y televisión) fueron autorizados a escuelas primarias, centros juveniles, institutos educativos y universidades; junto a la autorización de 47 radios y 1 canal de pueblos originarios.

Además se oficializaron 45 canales de televisión de baja potencia, y 200 radios comunitarias

Al mismo tiempo se hicieron 1132 reservas de frecuencias de radios para municipios; y 36 reservas de televisión a estados provinciales; y se entregaron 151 licencias para los cableoperadores PyMES y cooperativas que producen 3500 horas diarias de programación.

Se avanzó en la creación de EDUC.AR, con señales como Pakapaka, Encuentro y DeportTV, de 5900 nuevas horas de contenido audiovisual fomentado por el estado, 4000 de ellas por el Incaa.

Se amplió en 3 horas la franja diaria infantil de producción propia en la TV Pública, en la que también se implementó el lenguaje de señas. Actualmente tiene el 60 por ciento de programación de producción propia y un 20 por ciento de producciones independientes.

Casi 1000 producciones nuevas de ficción y documentales; generando nuevos puestos de trabajo en la industria audiovisual; la creación del Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentinos, con 5000 horas disponibles que son usadas por 40 canales.

A partir de la aprobación de esta ley, el Grupo Clarín – el monopolio mediático más importante de la Argentina- comenzó una serie de presentaciones judiciales pidiendo la inconstitucionalidad de ley, específicamente del artículo que establece la adecuación: la desmonopolización   – art. 161 –

Luego de cuatro años de contienda judicial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, finalmente declaro la constitucionalidad de la ley. En el fallo el máximo tribunal consideró que “no se encuentra afectado el derecho a la libertad de expresión del Grupo Clarín”, y que “los  medios de comunicación tienen un rol relevante en la formación del discurso público”. Además el texto de la resolución señala que “ningún estado responsable puede permitir que la configuración cultural de su pueblo quede en manos de monopolios u oligopolios”.

A días de su asunción, el presidente Mauricio Macri a través del decreto 267/2015 del 29 de diciembre, creó el Ente Nacional de Comunicaciones, en el ámbito del Ministerio de Comunicaciones. El decreto, asigna al ENACOM las competencias y funciones que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual le asignaban al AFSCA, pretendiendo así derogar parcialmente, por medio de un decreto, una ley aprobada por el Congreso de la Nación y desatendiendo el plazo legal del directorio del AFSCA, a quienes a raíz de ésta reforma se los deja sin funciones.

Luego de esto, varias presentaciones judiciales solicitaron a la justicia la inconstitucionalidad del decreto; hoy por hoy, dos medidas cautelares interinas lo suspendieron, cuestión que no impidió al gobierno continuar con la aplicación del mismo. Resta esperar la resolución de este conflicto, y las acciones que se llevaran adelante en el Congreso de la Nación, cuando se reinicien las sesiones ordinarias; mientras tanto en Argentina, diversos sectores sociales, movimientos, organizaciones, medios independientes, periodistas y activistas sociales y políticos se movilizan en defensa de la pluralidad de voces como condición indispensable para la vida en democracia.

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