Inicio Política 12 años para Marcos Levín: El segundo civil, el primer empresario

12 años para Marcos Levín: El segundo civil, el primer empresario

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La mayoría de los integrantes de la familia judicial argentina, tiene actos reflejos condicionados por viejas costumbres del pasado. Cuando llegó el turno de los empresarios, los tribunales comenzaron a operar en «defensa propia».
Hace casi tres años, Memoria, Verdad y Justicia como política de Estado, sentó por primera vez en el banquillo de los acusados, a los representantes del poder económico. A los hombres señalados, por cometer delitos de lesa humanidad.
Ese fue el límite. La Justicia golpeó la mesa y dijo «basta, hasta acá llegaron. Con los empresarios, no. Con nosotros…, no». Y como la ley dice que nadie está obligado a declarar en su contra, el ejército civil escondió a su gente.
Primero dictó «falta de mérito», al triunvirato Herrera de Noble-Magnetto-Mitre, por la causa Papel Prensa; después guardó a Blaquier, por «La noche del apagón» y luego a Vicente Massot, por la desaparición de dos trabajadores de «La Nueva Provincia».
Por último, cajoneó la causa contra Agustín Botinelli, ex director de «Para Tí», por aquella entrevista fraguada a Thelma Jara de Cabezas, la madre de un desaparecido que estaba detenida en la ESMA, que «denunciaba» que su hijo y miles de argentinos no aparecían por ninguna parte, porque estaban paseando por Europa
Pero en este presente, donde la Justicia encuentra caminos para escaparse de si misma, más tarde o más temprano, siempre aparece algún error del sistema que no sigue las instrucciones.
El Tribunal Oral Federal de Salta y los fiscales federales, Francisco Snopek y Juan Manuel Sivila; decidieron que la «señora de ojos vendados», se quite la venda y mire. El fallo del primer juicio oral que puso el foco en la complicidad empresaria con la dictadura, condenó por mayoría a 12 años de prisión al dueño de la compañía de transportes «La Veloz del Norte», Marcos Levín.
Se trata del fundador de «La Veloz», que en 2012 vendió el 50% de su capital accionario a Luis Derudder, dueño de «Flecha Bus».

La sentencia salió con los votos de Carlos Enrique Jiménez Montilla y Federico Santiago Díaz y la disidencia de Gabriel Casas, que se pronunció por una condena a tres años de prisión en suspenso (los fundamentos de la sentencia se van a conocer el 23 de mayo).

El empresario junto a tres policías de la Comisaría 4ta. de la capital salteña (ex centro clandestino de detención), fueron acusados por el secuestro y las torturas que sufrió Víctor Cobos , empleado de la empresa y delegado de la UTA, privado de su libertad, entre diciembre de 1976 y enero de 1977.
Junto con Levín, también fueron encontrados responsables de de delitos de lesa humanidad, tres integrantes de la policía provincial: Víctor Hugo Almirón (autor mediato de la privación ilegal y tormentos agravados), Víctor Hugo Bocos (coautor material de la privación ilegal de la libertad y los tormentos) y Enrique Víctor Cardozo (coautor material de los mismos delitos). También condenaron a Enrique Víctor Cardozo, auxiliar de la comisaría.
Un dato fundamental. El subcomisario Bocos, además era el jefe de Seguridad de «La Veloz del Norte»…

El proceso judicial comenzó en septiembre de 2015 y dos meses después, en plena campaña electoral, Mauricio Macri pasó por Salta. En el Hotel Alejandro I, recibió la visita de Marcos Levín.
La imagen fue singular: un empresario procesado por delitos de lesa humanidad y un por entonces candidato presidencial, que había prometido terminar con «el curro de los derechos humanos» (Foto del diario «La Gaceta»).

EL FUTURO: Ahora la pelea estará centrada en una docena de casos de trabajadores de la misma empresa, que también fueron secuestrados; causas que son peleadas en la Corte Suprema provincial, para que nunca tengan fecha de vencimiento y también sean consideradas, delitos de lesa humanidad.

Víctor Cobos y sus compañeros, encabezaron un conflicto gremial en el ’75, a partir del 24 de marzo de 1976 y Levín contragolpeó con un efecto tan «disciplinador», como ejemplificador», sobre el conjunto de los trabajadores de su firma.

En ese mismo ’76, Levín cubrió los operativos, con una supuesta estafa cometida por los trabajadores, para convertir en legímitos, los secuestros. Durante esa parodia judicial, testigos y sobrevivientes, como el propio Cobos, fueron obligados a firmar esa denuncia, a cambio de salvar su vida.
La fiscalía, las querellas y un dictamen de la Procuración, dieron por probado que la causa por defraudación “había sido fraguada con la finalidad de someter ilegítimamente a los trabajadores a las estructuras represivas del Estado”.

LAS CLAVES DE LA CONDENA: 40 años después, los abogados de Levín no encontraron argumentos para defenderlo de ocho acusaciones, que conformaron la columna vertebral del fallo.
1. Aporte de acción psicológica. Creó las condiciones sociales favorables para el accionar represivo. A través de la Federación de Empresarios Salteños de Transporte y solicitadas en la prensa provincial, realizó un pedido público para que se aplicara contra sus trabajadores, «la ley antisubversiva» e intervinieran «los militares y las fuerzas de seguridad».
2. Aportó información de inteligencia. Los diagramas de servicio que permitieron conocer los lugares donde detener a los trabajadores y el aporte de los domicilios y datos sobre la actividad gremial, los brindó Levín.
3. Aportó listas de trabajadores que debían ser detenidos y torturados.
4. Aportó la denuncia contra los trabajadores para que se desencadenaran los operativos.
5. Aportó vehículos de línea y automóviles particulares de la empresa, que se usaron para los secuestros y traslados.
6. Aportó personal dependiente de la empresa, para los traslados de los detenidos que estaban en Tucumán y la persecución desplegada al interior de la empresa contra los trabajadores más combativos.
7. Aportó instalaciones de la empresa para que se produjeran los secuestros.
8. Aportó recursos económicos y dádivas al personal policial para que reprimiera a los trabajadores.

EL SEGUNDO CIVIL, EL PRIMER EMPRESARIO: Levín inaugura la lista de empresarios condenados y es el segundo sin uniforme que es hallado culpable, de delitos de lesa humanidad. Esta historia comenzó con Christian Federico von Wernich, capellán de la Policía de la Provincia de Buenos Aires durante la dictadura. El sacerdote (todavía conserva esa condición), fue detenido en 2003 por su participación en delitos de lesa humanidad en los centros clandestinos de detención Puesto Vasco, Coti Martínez y Pozo de Quilmes. Fue condenado el 9 de octubre de 2007 a reclusión perpetua por hallarlo culpable de 34 casos de privación ilegal de la libertad, 31 casos de tortura y 7 homicidios calificados.

Más tarde o más temprano, aparece algún error del sistema que no estaba en los planes de la Justicia, para liberar a «la señora de ojos vendados»…, para que se quite la venda y mire. Doce años, para Marcos Levín. 

DE ESO NO SE HABLA: Telam cubrió todos los formalismos ayer (28 de marzo), cuando a las 19:54 publicó «Primera condena a un empresario por delitos de lesa humanidad». Esta mañana, el dato fue eliminado de su web.
La condena al empresario llega en un momento muy especial, para la relación de la pata civil del golpe con el discurso macrista en los medios estatales, teniendo en cuenta la denuncia de los trabajadores del informativo de Radio Nacional el último 24 de marzo: «No podemos hablar de dictadura cívico-militar. La orden es titular con dictadura militar».

TODO ESTA GUARDADO EN LA MEMORIA: Carlos Pedro Blaquier fue uno de los fundadores del Ateneo de la Juventud Democrática Argentina, en 1946. Un gran semillero de funcionarios de las dictaduras argentinas del siglo XX. En 1963 y por obra de su gran amigo y viejo compañero del Ateneo, José Alfredo Martínez de Hoz (por entonces, ministro de Economía de José María Guido, entre 21 de mayo y el 12 de octubre), su ingenio Ledesma, fue declarado de «interés nacional». Con esa resolución bajo el brazo, la empresa fue liberada de pagar impuestos, tuvo acceso a créditos blandos en bancos oficiales y prioridad entre las proveedoras del Estado, en la venta de materias primas y energía.
En el ’66, en plena dictadura de Onganía, Blaquier fue cómplice de los golpistas para llevar a cabo el cierre de siete ingenios tucumanos, que dejó a cerca de 5.500 trabajadores en la calle. La única planta que quedó en pie, fue La Merced, propiedad de Ledesma. Ese fue el primer capítulo de la relación del ingenio, con las dictaduras de turno.
A partir de mediados de 1973, un petit hotel de la calle Azcuénaga en la ciudad de Buenos Aires (exactamente, Azcuénaga 1673), fue el escenario de las reuniones de los padres intelectuales del golpe del ’76. En esa casona, Ricardo Zinn, planificó el «Rodrigazo», como secretario de Coordinación del ministerio de Economía (cargo que también ocupó en las dictaduras de los generales Roberto Marcelo Levigston y Alejandro Agustín Lanusse) y después elaboró los lineamientos de la matriz económica argentina, que Martínez de Hoz le presentó al país, el 2 de abril de 1976.
Aquella propiedad en la que se reunían los padres del neoliberalismo argentino, que respondían a Martínez de Hoz (unas 40 personas, entre abogados, militares y periodistas; que participaban de charlas, conferencias y debates), fue entre 1971 y 1977, de Pedro Blaquier.
Los otros ideólogos de la nueva argentina agroexportadora, de aquel formato tan parecido al de principios del siglo XX, los que soñaron con la restauración del país pensado sin fábricas, ni obreros; era el grupo Perriaux.
Don Jaime Perriaux junto a sus apóstoles, Mario Cadenas Madariaga, Horacio García Belsunce (padre), Guillermo Zubarán, Enrique Loncan y Armando Braun, trabajaban en su estudio de Pueyrredón y Vicente López o en su casona de la calle Gelly y Obes, en el barrio de Palermo.
Los constructores de la economía de la última dictadura, ya hablando de sacar del medio como sea, a las comisiones internas problemáticas y además planificaron quedarse con las empresas y los contratos más deseados, en una mesa de tortura si era necesario…
Consumado el golpe, pasaron de la teoría a la práctica. Ellos ordenaron y los hombres de uniforme, se encargaron del trabajo sucio.

Más tarde o más temprano, aparece algún error del sistema que no estaba en los planes de la Justicia, para liberar a «la señora de ojos vendados»…, para que se quite la venda y mire. Doce años, para Marcos Levín. 

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