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COMUNICADO DE PRENSA – ÚLTIMO MOMENTO

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Pymes acompañaron denuncia contra el Presidente, funcionarios y legisladores por la negociación con los fondos buitre

Buenos Aires, 14 de marzo de 2015.- La Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN) acompañó este mediodía a la Asociación Civil Instituto Arturo Sampay −integrada por Eduardo Barcesat, Francisco Cholvis y Arístides Corti− que denunció al presidente Mauricio Macri, a funcionarios y legisladores por defraudación, traición a la patria y violación de los deberes de funcionarios públicos por la negociación con los fondos buitre. La denuncia penal fue realizada ante el juez federal Sebastián Casanello y contó con un amplio acompañamiento popular en los tribunales federales de Comodoro Py.

“Los diputados tienen que reflexionar seriamente sobre las consecuencias que tendrá para el presente y las próximas generaciones aceptar la actual negociación con los fondos buitre, porque la derogación de las leyes Cerrojo y Pago Soberano va a tener un costo político, social y económico altísimo”, remarcó Francisco Dos Reis, presidente de la CEEN.

Al respecto, el dirigente pyme sostuvo que “la Argentina no debe aceptar las amenazas del Gobierno nacional respecto de que es este acuerdo así como está o el ajuste. El Presidente no puede gobernar con amenazas”, aseveró.

El también presidente de la Asociación Latinoamericana de Pymes (ALAMPYME) destacó que “antes del 10 de diciembre no había despidos, empresas cerrando, una alza permanente de precios, si no un país en marcha a pesar de todos los errores del anterior gobierno”.

La denuncia penal fue realizada contra todos los integrantes del Poder Ejecutivo Nacional, encabezados por el presidente Maurico Macri, y contra todo senador y/o diputado nacional, que tenga autoría o participación, penalmente responsable, en la delictiva negociación con los “fondos buitres”, que se intenta aprobar a instancias  del Juez Municipal Thomas Griesa.

La acción califica al obrar de los denunciados como “traición a la patria” (art. 215, inc. 1°, C. Penal), en concurso con “defraudación especial”, (art. 173, inc. 7°, C. Penal) y “violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad” (art. 248 del C. Penal), solicitando la aplicación del máximo de la pena privativa de libertad que resulta del concurso delictivo, y la pena accesoria de inhabilitación a perpetuidad para ocupar cargo o función pública. Se califica, asimismo, al obrar de los autores y partícipes penalmente responsables, como “infames traidores a la Patria” (art. 29, C.N.) y se los responsabiliza por el quiebre al art. 36 de la C.N. (deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional).

Por la misma presentación, se pidió al juez federal Sebastián Casanello que disponga suspender la comisión del obrar delictivo hasta tanto recaiga sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, tal como lo establece el art. 29 del Código Penal.

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