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Apuntes para discutir el abolicionismo: Análisis de las propuestas legislativas que buscan reglamentar la prostitución en Argentina. Primera Parte.

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Por Silvina Perugino, Abogada, Especialista en Género y Comunicación en etapa de tesina, integrante del Equipo Interdisciplinario de la Secretaria de Género de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP.

En los artículos anteriores propusimos lineas argumentativas para pensar, discutir y poner en tensión, diferentes tópicos acerca de la prostitución. Vimos la temática desde el punto del vista del marxismo, desde la relación intrínseca entre ella, el capitalismo y el patriarcado, desde los derechos humanos y el derecho laboral.

Hoy proponemos comenzar un análisis profundo de las iniciativas legislativas que proponen reglamentar la prostitución en Argentina. En este artículo analizaremos el proyecto que fuera presentado en el Congreso de la Nación, el cual ya ha perdido estado parlamentario.

El proyecto.

Presentado el 2 de julio de 2013, en el Senado de la Nación (S-2734), por el Senador Osvaldo López, de Afirmación para una República Igualitaria (ARI) y oriundo de Tierra del Fuego; fue girado a la comisión de trabajo y previsión social donde no obtuvo ratamiento, caducando en febrero de 2015.

El proyecto de ley plantea como objetivo regir el “trabajo sexual”, definiendo al mismo como “La actividad voluntaria y autónoma de ofrecer y/o prestar servicios de índole sexual, a cambio de un pago, para beneficio propio”, deja establecido que cualquier persona mayor de edad “puede ejercerlo en locales o casas, con el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley”. Veremos más adelante los requisitos, sí no detendremos ahora en lo que respecta al ejercicio en “locales o casas”. Necesariamente nos surge la incógnita acerca del abordaje de la situación de mujeres/trans/travestis que no cuentan con un lugar, una casa, un local, que son sin dudas los sectores poblacionales más vulnerables y mayoritarios, a quienes la prostitución llega como salida a una situación económica angustiante y se prostituyen en la vía pública. Deberíamos pensar cuáles serán las soluciones posibles a esta situación, quién o quiénes se encargarán de facilitar esos lugares y cuáles serán los acuerdos a los que deberán arribar las personas en situación de prostitución con quienes se encarguen de facilitar los mismos. ¿O será el estado que de manera gratuita provea de lugares a tal fin? Esa solución en principio es poco probable. En las respuestas a estos interrogantes aparece necesariamente la figura de quien ejerce el proxenetismo, de quien usufructa la prostitución ajena, en este caso específico brindando el lugar exigido por la ley y cobrando un canon por ello, que materialmente la persona prostituida saldará de lo recaudado a partir de su propia prostitución. Cabe destacar que los fundamentos del proyecto no traen luz sobre este punto.

Dentro del marco regulatorio donde se deben encuadran las personas en situación de prostitución, se encuentra la obligatoriedad de portar una credencial, que indica el cumplimiento de los requisitos para el ejercicio de la prostitución. Dicha credencial será entregada por la Oficina Nacional de Protección al Trabajo Sexual (ONPTS), organismo creado por el proyecto, en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Para acceder a la misma se deberá asistir a los cursos determinados por la ONPTS, que versarán sobre derechos humanos, derecho laboral, derecho penal, salud sexual y prevención de las adicciones; sin embargo el texto deja abierta la posibilidad que la ONPTS determine otros requisitos a cumplimentar. Estos requisitos son, según el proyecto, “obligaciones de las trabajadoras sexuales”.

La sección de los derechos es menos taxativa, enumera algunos como “ejercer libremente su trabajo, en igualdad de condiciones respecto de cualquier otro trabajador autónomo; gozar de condiciones dignas de labor, libre de violencia, explotación y discriminación; acordar libremente una retribución justa; organizarse sindicalmente de modo libre y democrático para la mejor promoción y defensa de sus derechos e intereses profesionales”.

Aquí es necesario destacar que, los items establecidos en el articulo de derechos, se encuentran en lo marcos constitucionales y en los tratados de Derechos Humanos ratificados por nuestro país, el régimen jubilatorio y previsional para autónomos existe en Argentina, el asesoramiento para monotributistas brindados por los organismos también. La defensa de los derechos laborales y de agremiación, poseen rango constitucional. No hay novedad en los derechos; sí hay novedad en las obligaciones: la credencial de habilitación, no existe en la actualidad, la imposibilidad del ejercicio de la prostitución sin la misma, establece una fina linea entre la reglamentación y el prohibicionismo, ¿Qué pasará con las mujeres/travestis/trans que no tengan la credencial? ¿Se les prohibirá el ejercicio de la prostitución? ¿Cuáles serán las normas represivas para quienes se nieguen a cumplimentar los requisitos de acceso a la misma? ¿A las situaciones de vulnerabilidad por la que atraviesan las mujeres/travestis/trans en situación de prostitución, se les agregará la persecución estatal legalizada? Hay una pregunta más con respecto al texto de la ley: ¿Cuáles serán los demás requisitos que la ONPTS exigirá a las personas en situación de prostitución para entregarles la credencial? Esta ambigüedad en la técnica legislativa deja entrever la sombra de la libreta sanitaria, libreta pensada para resguardo de la salud del prostituyente y nunca de la prostituida.

Llama la atención también, que dado la injerencia de las adicciones en las personas en situación de prostitución (ya que de otra manera la presión física y psíquica es insostenible), sólo se mencione en el sentido del curso, y no con la especificidad que requiere la problemática, así como la ausencia de su mención en los fundamentos.

De la lectura del articulado, el cual invitamos a leer, podemos sacar en limpio apenas algunas cuestiones: la posibilidad de ejercer la prostitución sólo en casas o locales, y la obligatoriedad de la credencial. Nada de lo establecido como ampliación de derechos es tan claro como las obligaciones en cabeza de la mujer/travesti/trans. El estado sólo se obliga a la creación de la ONPTS, con funciones que, salvo la de otorgar la credencial, son generalidades. Los derechos establecidos, más allá de lo impactante en términos declarativos, nada agregan a los ya existentes. Las posibilidades previsionales no se generan en el texto de la ley, dejándolo librado a la reglamentación. Sin embargo, un sistema previsional debe ser establecido por ley, llama la atención que en esta instancia no se establezca un marco previsional, una explicación es que dicho marco ya existe, y que las causas por las que las personas en situación de prostitución no acceden al mismo, tiene que ver necesariamente con las condiciones de vulnerabilidad de las mismas, para cuyo remedio, deberán ser otras las búsquedas estatales.

Fundamentos del proyecto.

Los fundamentos del proyecto se hace referencia al Decreto 1086/2005 de creación del Plan Nacional Contra la Discriminación en La Argentina. Dicho plan establece como estrategias, entre otras cuestiones, y en referencia estricta al tema que estamos tratando, “promover la sanción de una ley tendiente a amparar a las mujeres trabajadoras sexuales, reconociendo su derecho a jubilación y seguridad social”. Entendemos que este proyecto no resuelve este punto. El estado deberá, en todo caso, arbitrar instancias del Anses para asesorar sobre monotributos, deberán ser dispositivos que funcionen de noche, en las horas donde muchas personas en situación de prostitución transcurren su vida, pero deberá ser un dispositivo también preparado para otras demandas, como demandas de trabajo genuino, de abordaje de casos de violencia, de problemas vinculados con la vivienda y el hábitat, de tratamiento de las adicciones, de abordaje psicológico, entre otras cuestiones, ninguna de estas falencias parecen ser resueltas con el presente proyecto ley. La inacción estatal para acercar soluciones previsionales a las personas en situación de prostitución parece tener más que ver con las faltas de respuestas estatales a la vulnerabilidad en general, que a la falta de un sistema previsional.

Más adelante y en cuanto a la pertinencia del proyecto se afirma: “La confusión generada en torno al trabajo sexual, la trata de personas con fines de explotación sexual y el proxenetismo, hace que se dicten normas que atentan contra quienes ejercen el trabajo sexual de manera autónoma siendo incluso contraproducente en la lucha contra estos delitos. Así, AMMAR tiene dicho: “los gobiernos provinciales con sus policías corruptos y el gobierno nacional con sus supuestas medidas anti trata nos persiguen y criminalizan todos los días. La Ley de trata, la prohibición de avisos de oferta sexual (rubro 59), las leyes provinciales y decretos municipales para cerrar los cabarets y locales nocturnos, no hacen más que criminalizar nuestra actividad, volviéndola más clandestina y vulnerando nuestro derecho a trabajar, empujándonos a tener que hacerlo en condiciones precarias con redes que nos ‘darían protección’”. Este eje se reitera en los fundamentos con especial vehemencia.

En este punto resulta importante destacar que se coloca la lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual como contrapuesta a los derechos de las personas en situación de prostitución. Este argumento, resulta un golpe terrible a una lucha tan cara para feminismo y el movimiento de mujeres en nuestro país. La cantidad de mujeres desaparecidas, secuestradas para ser insertadas en las redes de trata son una realidad insoslayable. La lucha incansable para generar marco regulatorios que establezcan la responsabilidad del estado para la persecución de estos delitos, tuvo su punto culmine en la sanción de la ley de trata Ley Nro. 26842. Dicha ley ha permitido el rescate de víctimas, así como llevar adelante instancia judiciales contra proxenetas. Afirmar que esta lucha lo es contra los derechos de las personas en situación de prostitución parece más un argumento del proxenetismo.

Por otro lado, equiparar la ley de trata con los códigos contravencionales, también es una falacia. La criminalización de la prostitución por parte de las fuerzas de seguridad, usando como excusa los códigos contravencionales, viene desde la década del 70, nada tienen que ver la ley de trata con esas normas claramente dictatoriales. El circuito que muchas veces se crea entre proxenetas y fuerzas de seguridad, tienen como sustento los códigos contravencionales, convencerse que es mejor terminar bajo el yugo del proxeneta para salir de la persecución de las fuerzas de seguridad, también tienen su basamento en esos códigos, que son contrapuesto en praćtica y espíritu a nuestra Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.

Un punto fuerte de fundamento del proyecto, es la reducción de mujeres en situación de prostitución afectadas de HIV, y marca el contrapunto con las personas travestis y trans donde le porcentaje aumentó. Esta baja en el porcentaje la adjudican a la mayor organización. En todos lo ámbitos, y más en los ámbitos de mayor vulneración de derechos la organización funciona como protección y contención, claro esta que también las instancias organizativas funcionan creando lazos que redundan en un beneficio de las personas organizadas, creemos sin embargo que este tópico no se garantiza en la letra de la ley.

Otro de los puntos establecidos en el proyecto hace referencia a “estudios” donde “documentan” que la reglamentación de la prostitución trajo “mejores condiciones para el sector” y “resultados sociales y económicos positivos, favoreciendo un mayor capital social”, tomando como ejemplo el caso de la de la cooperativa de trabajadores sexuales USHA, de Bengala Occidental (India), donde según el proyecto se documentaron mejoras, a saber: “Un mejor conocimiento de las enfermedades de transmisión sexual y mejores habilidades para negociar las relaciones sexuales y laborales y la solución de vulnerabilidades económicas al aumentar los ahorros, créditos y fuentes adicionales de ingresos”, entre otras. Cabe destacar que India se encuentra entre los países más pobres del mundo. En el mismo sentido se cita un documento de la OIT: “El sector del sexo, las bases económicas y sociales de la prostitución en el Sudeste Asiático”, dirigido por la especialista Lin Lean LIM, y que fue realizado a través de un estudio detallado de la prostitución y comercio sexual en Indonesia, Malasia, Tailandia y Filipinas en el año 1998: “Allí se recomienda que la industria del sexo esté incluida en las contabilidades oficiales de los gobiernos, no sólo por las contribuciones enormes a las economías regionales, sino que especialmente, como la única manera de mejorar la situación de estas personas como trabajadores”. Es interesante analizar, de qué manera las recetas económicas del FMI para los países subdesarrollados, establecen este tipo de recomendaciones, es más: las mencionan como la única posibilidad de supervivencia, para personas que de otra manera no podría siquiera alimentarse. Es paradigmático: el mismo documento pone la decisión o la posibilidad de prostituirse como la única forma de subsistencia, la única manera de mejorar las vidas, en este sentido de vivir, dejando por fuera cualquier afirmación que hable de libre elección, postulado tan mencionado por el reglamentarismo.

El capitalismo lleva a millones de personas en el mundo a vivir por debajo de la linea de la indigencia, a esos pueblos devastados por la apropiación de sus recursos, se les da como solución la posibilidad que las mujeres se prostituyan, y esa es la única forma que encuentra el sistema, para la sobrevivencia de pueblos de segunda, frente a la mirada plausible de una feminismo liberal que, no cuestiona el orden injusto de las cosas, no cuestiona el sistema de explotación y asimila la pobreza, como una consecuencia inevitable de la modernidad, naturalizándola, y entendiendo que algunas mujeres han nacido con la suerte de practicar un feminismo lejos de los avatares del sufrimiento, y para las que no han tenido esa suerte, como remedio antes de morirse de hambre, les queda la prostitución.

Para ver el proyecto visita:

http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/verExp/2734.13/S/PL

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