El tarifazo y el precio del gas boca de pozo en las...

El tarifazo y el precio del gas boca de pozo en las tarifas de gas.

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Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO)

La resolución MEYM 28/2016 del  31/03/2016 firmada por el ministro Aranguren aprobó un cuadro tarifario para el gas a nivel nacional excesivo, arbitrario, irrazonable y sin la debida justificación que corresponde a todo acto público.

En esa resolución se decide el incremento de los valores de transporte y distribución del gas que se les abona a las empresas transportistas y distribuidoras de todos el país y, además, se aumenta el precio del gas en boca de pozo (llamado PIST –precio de ingreso al sistema de transporte- en la jerga regulatoria), que se les paga a los productores del gas, las empresas petroleras.

Para justificar formalmente la decisión se utiliza la ley 25561 de emergencia económica, del año 2002, y sin ninguna relación con esta medida extrema.

En el Art 1º de la resolución 28 citada se fijan los nuevos valores del gas para los productores, o valor del gas en boca de pozo, que se detallan en el Anexo 1. Se expresan en moneda nacional, sin referencias a dólares por millón de BTU (U$/MBTU) como ocurría en 2002 con los precios por cuenca. También se fijan en los anexos los valores de transporte y distribución.

El conjunto de estos dos aumentos figura en las facturas a los usuarios residenciales como cargo variable (existe aparte un cargo fijo), el que es denominado “cargo m3 de consumo mes”. Este cargo variable es el que reúne los aumentos en la tarifa y que se ha denominado popularmente como “tarifazo”, por la magnitud del mismo, su desmesura y la desproporción con los anteriores. Este cargo variable contiene un importante “engaño” u “ocultamiento” hacia los usuarios por cuanto en el mismo están incluídos los dos conceptos antes referidos: el valor del gas producido y el valor de su transporte y distribución: el usuario no sabe cuál es la proporción de cada uno, en cuál se han beneficiado los petroleros y en cual los transportistas y distribuidores, estos últimos regulados por ser agentes de un servicio público.

Esta “trampa” de información al usuario sirve para ocultar esa circunstancia de asignación de los incrementos al mismo tiempo que viola la cláusula constitucional del Art. 42 del derecho “a una información adecuada  y veraz” de la que carecen las facturas actuales.

En el promedio nacional de ese cargo variable a las distintas categorías de usuarios, el 80% corresponde al valor del gas producido con el que se retribuye a las empresas petroleras, y el 20% a los transportistas y distribuidores. Para los usuarios residenciales ese porcentaje varía: el 65% pertenece al valor del gas y el 35% al de su transporte y distribución, lo que es comprensible por la cantidad y extensión de los residenciales.

De manera tal que un porcentual de incremento en el valor del gas producido afecta mucho más en la tarifa final que los porcentajes de incremento en el transporte y distribución.

Esta explicación sirve para evaluar y analizar parte importante del “tarifazo” ya que el incremento del 75% promedio en el valor en dólares del gas en boca de pozo, el gas producido por las distintas petroleras, afectó en forma sustancial en las nuevas tarifas: por una parte porque la devaluación significó un incremento en los precios de un 45% promedio en pesos, y por otra porque a ese aumento hay que sumarle la decisión de Aranguren de pasar de un valor promedio de u$s 2,60 el millón de BTU (unidad de medida) a un precio de u$s 4,50 – 5,00 (según las cuencas) el millón de BTU: o sea un 75% aproximadamente en dólares.

El problema es que esa decisión de aumento del valor del gas en boca de pozo no tiene justificación alguna: en la Res. 28 el ministro afirma que este ajuste en los valores se realiza “…para promover inversiones en exploración y explotación del gas natural… así como para la incorporación de reservas…” argumento totalmente falso y que esconde una transferencia de renta sin defensa alguna a favor de las empresas petroleras: estas últimas empresas tienen un precio garantizado del “gas nuevo”, es decir de la nueva producción que se demuestre sobre la tradicional de sus yacimientos, de valores de entre u$s 5,40 a 7,50 el millón de BTU. Por lo cual este nuevo precio que se les concede graciosamente no sólo no tiene ese fin alegado sino que alienta a la no producción nueva y crecimiento de reservas: es un premio injustificado sobre el cual sentarse sobre la producción existente, ya que no tiene aliciente realizar importantes inversiones para obtener precios de gas nuevo, con valores muy cercanos al concedido por Aranguren.

Ese incremento en el precio en gas de boca de pozo lo pagan todos los usuarios: los residenciales, los industriales y comerciales, y también las usinas eléctricas, con lo cual se traslada también al precio de la electricidad, aumentando aún más su costo para los usuarios: el monto aproximado de esta transferencia de renta de todos los usuarios argentinos a las empresas petroleras es de u$s 2.800 millones de dólares por año. En dólares la facturación anual aproximada de los productores de gas era de 4.000 millones anuales, mientras que con este incremento se van a 6.800 millones.

Además de no tener justificación alguna, esta dádiva a las empresas petroleras se concede sin ningún tipo de contraprestación: no se exige el mantenimiento de los puestos de trabajo del personal de las empresas, ni se exige ninguna inversión de las que tanto necesita el país en este rubro y que son pretexto del incremento.

En las facturas que se reciben con los nuevos aumentos se percibirán estos aumentos en ese cargo variable (m3 de consumo) en los que se observará según la categoría tarifaria que aparece en la parte superior a la derecha de la misma, el valor nuevo en el “Cuadro Tarifario”. Allí se verá que en el valor de m3 por mes el índice que figura contempla un incremento respecto de las facturas anteriores de entre un 200 % a un 400%: es el resultado de la traslación de ese aumento del gas en boca de pozo, totalmente injustificado y sin motivación, y el aumento del transporte y distribución que si bien es alto y desproporcinonado, está relacionado con un servicio recibido.

Como habíamos expresado antes, esos porcentajes (200-400%) se trasladan a los usuarios en proporción a la participación que tiene en su factura el gas en boca de pozo y el transporte y distribución: promedio nacional 80% y 20% respectivamente, con lo cual se dimensiona el efecto en el tarifazo de la decisión que comentamos.

Estos aumentos se trasladan también al GNC, que tendrá un precio mayor y beneficios proporcionales en toda su cadena, una de las cuales corresponde a las estaciones de servicio, en cuyo mercado Shell tiene 209 estaciones.

Estamos en presencia de un acto escandaloso por su proporción y por la ausencia de fundamentos válidos, es decir sin motivación, lo que podría constituírlo en un acto nulo.

Afecta asimismo los derechos humanos consagrados en los documentos internacionales de la que nuestra Nación es parte, los derechos económicos y sociales, uno de los cuales, como el derecho a la energía, el cual se incluye actualmente en el concepto de “una vida digna” garantizada en esos instrumentos.

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